El Consell insta a Vila a que garantice la seguridad de la estación del Cetis para autorizar su funcionamiento

La estación de autobuses del edificio del Cetis continuará, por el momento, cerrada a la espera de que el Ayuntamiento de Vila puntualice al Consell d'Eivissa algunos aspectos técnicos y de seguridad del último informe, como la legalidad de un único acceso, la forma de los andenes, la instalación de un semáforo y la existencia de barreras arquitectónicas. «Lo que queremos es la máxima seguridad de la estación y la máxima viabilidad de la infraestructura, pero dentro de unos términos legales. Una vez recibamos el informe diciéndonos que cumple todos los requisitos técnicos y de seguridad haremos las pruebas correspondientes», precisó Vicent Serra, que se reunión ayer con la consellera de Mobilitat, Pepa Costa; la alcaldesa de Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui y varios representantes de la empresa concesionaria Sagalés para intentar buscar una solución o aproximación de fechas de apertura.
Serra aseguró que Vila les remitió el informe, pero éste estaba incompleto: «Hemos expresado que continuamos a la espera de este documento que incide en temas puntuales que pueden afectar al funcionamiento diario del día a día. El primer paso es que el Ayuntamiento nos conteste». Serra aseguró que el Ayuntamiento de Vila se comprometió a contestar «de manera inmediata». Serra recordó, además, su posición ante la actual estación: «A mí no me gusta porque consideramos que tiene defectos técnicos que hoy en día no se tendrían que haber hecho. Esta estación no se corresponde a lo que se merece y necesita Eivissa, pero si cumple con la legalidad tendremos que abrir aunque no nos guste». Sánchez-Jáuregui aseguró que este informe estará hecho «lo antes posible. Intentaremos que esté listo en un par de semanas».
Santiago Sáez, abogado de Sagalés, señaló que los elementos de seguridad que reclama el Consell «ya se cumplen» y que se trata de «una cuestión de las administraciones públicas y de decisión política» que la estación esté cerrada. «Nosotros podemos esperar a que se adecúe ese informe si es rápido. No dudamos en la buena disposición del ayuntamiento para abrir, pero si vemos que hay falta de interés por parte del titular de las líneas, que es el Consell d'Eivissa, en dar viabilidad al equipamiento y que sea usado enseguida empezaremos las vías de reclamación correspondientes». Sobre la posibilidad de pedir daños y prejuicios por el retraso en la apertura, el abogado de Sagalés aseguró: «Lo tendríamos que estudiar. En este momento no nos atrevemos a pronunciarnos en este sentido». En cuanto al nuevo retraso en la apertura, Sáez puntualizó: «La tragedia de todo esto es que nadie marca plazos».
Una vez solventados los aspectos técnicos que reclama el Consell, las partes implicadas tendrán que revisar las tarifas aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos de Vila en 2005 y que el presidente del Consell calculó que supondría pagar a la empresa concesionaria un máximo de 50 euros cada vez que entra un bus y otros 50 cada vez que sale, lo que representa un total de 1,5 millones de euros anuales. «Hemos hecho un estudio que abarata considerablemente las tarifas, pero por el momento no puedo decidir en cuanto. Las tarifas ahora mismo son el obstáculo menos importante», explicó el abogado de Sagalés.