Momento en el que los votos del equipo de gobierno sirven para rechazar la pretensión de la concesionaria del servicio de tratamiento de residuos.

Momento en el que los votos del equipo de gobierno sirven para rechazar la pretensión de la concesionaria del servicio de tratamiento de residuos. | Guillermo Romaní

G. RomaníFormentera15/02/12 0:00
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Siete votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de los cuatros representantes de la oposición, faltaban una consellera por bando, sirvieron para desestimar las alegaciones presentadas por la UTE Giref, concesionaria del servicio de recogida de basuras de Formentera, que impugnó los presupuestos de la primera institución de la isla porque no se contemplaba una partida para abonar los gastos del traslado de los residuos desde la planta de transferencia de es Cap de Barbaria hasta el vertedero de Ca na Putxa, en Eivissa.
Es, como recordó el conseller de Economia, Bartomeu Escandell, una cuestión que se repite año tras año y que la empresa impugna los presupuestos y el Consell desestima las alegaciones.
Sí quedó claro que todos los partidos políticos están de acuerdo en que Formentera no debe pagar un sobrecoste que ronda el millón de euros anuales por el traslado de los residuos al vertedero de Eivissa y todos ellos apuntaron en una misma dirección: que el Govern balear, competente en cuestiones suprainsulares, medie entre el Consell de Formentera y el Consell d'Eivissa para el pago de dichos costes en función de lo que señala el Pla Sectorial de Residuus d'Eivissa i Formentera. Escandell fue el encargado de explicar que no se puede producir una situación única en Balears, ya que «el resto de los municipios no pagan por el traslado a plantas de tratamiento».

Apoyo del GUIF


Por su parte, Javi Serra, portavoz del GUIF, en la oposición, explicó que su partido se había abstenido por referirse a unos presupuestos a los que siempre se han opuesto. Para Serra, la postura del GUIF es clara: «Apoyar todos los pasos que dé el Consell de Formentera para acabar con una situación anormal. Nos ponemos a disposición del equipo de gobierno en lo que haga falta porque (...) los formenterenses no han de asumir de ninguna manera» una carga que considera discriminatoria. Para Serra, la cuestión «sigue siendo sentarse en una mesa y decidir a qué institución o instituciones corresponde el pago del sobrecoste sin que por ello se repercuta únicamente en los bolsillos de los formenterenses».

También el PP cree que el Govern debe responder

El portavoz del PP, José Manuel Alcaraz, destacó que cuando su partido cree que las decisiones en cuestiones importantes son insulares exige que el equipo de gobierno ejerza sus competencias, «pero en un caso suprainsular como este consideramos que debe ser el Govern balear el que debe supervisar y buscar una solución entre los consells de Eivissa y Formentera, un problema que se arrastra desde 2006». Alcaraz no se abstuvo de recordar que desde esa fecha siempre han gobernado gobiernos de izquierda en Formentera, pero señaló como en el transcurso de la sesión plenaria que "el PP apoyará todas las gestiones que pueda hacer el Consell de Formentera para que el sobrecoste en el traslado no recaiga en el bolsillo de los ciudadanos de Formentera, apoyaremos cualquier iniciativa que busque una solución definitiva al problema".