El grupo ecologista GEN denunció ayer que el decreto aprobado el viernes por el Govern recupera las urbanizaciones de Benirràs, Punta Pedrera y Roca Llisa que fueron anuladas por los progresistas a través de la ley 4/2008. Los ecologistas consideran que ha habido «tergiversación», ya sea por «ignorancia o mala fe» sobre el contenido de este decreto, ya que en todo momento los responsables del Consell d'Eivissa han afirmado «reiteradamente» que esta normativa no había desprotegido estos enclaves. «Es falso que la decisión sobre estos lugares se quiera tomar estudiando cada caso más adelante, tal y como ha manifestado el Consell», indicaron los ecologistas.
En concreto, los ecologistas citan la disposición transitoria primera del decreto. En ella se dice que constituyen suelo urbano los terrenos que con independencia de su clasificación urbanística, estén integrados en una trama urbana y cumplan alguno de los siguientes requisitos. O bien estar transformados por la urbanización al tener todos los servicios o bien encontrarse parcialmente transformados siempre que estén edificados en dos terceras partes.
Ante esta situación, el GEN se pregunta dónde quedan las competencias municipales. «Después de tanto escándalo montado por el PP por el decreto de sa Coma porque decían que el Govern había vulnerado sus competencias, ahora cuando gobiernan aprueban un decreto que las vulnera en todo el territorio y que obliga a los ayuntamientos a recoger como suelo urbano terrenos que no reúnen los requisitos», dicen los ecologistas, que no saben qué pasará con las dotaciones de servicios que falten. «¿Lo tendrán que asumir los ayuntamientos (supondrán muchos millones de euros) o tendremos suelo urbano a efectos de que los propietarios paguen los impuestos pero en terrenos infradotados?», se pregunta el GEN, que lamenta que se trate el urbanismo «a la ligera» y se «fomenten los abusos con la complicidad de los políticos ibicencos».
El conseller de Territori, Mariano Juan, acusó ayer al GEN de «manipular» y negó que se recuperen estas urbanizaciones mediante el decreto. «Esos suelos ya eran urbanos y fueron desclasificados por la ley 4/2008; no tiene nada que ver», indicó Juan, que consideró que lo que dicen los ecologistas es una «tontería» porque en el decreto no se habla de Benirràs, Roca Llisa y Punta Pedrera, zonas cuya desprotección todavía está en estudio.
El conseller reconoció que no ha estudiado en detalle el decreto y que le falta analizarlo con ayuda de juristas, pero remarcó que si se hubiera querido desproteger estas zonas hubiera bastado con derogar un artículo de la ley 4/2008 de los progresistas.
Respecto a la flexibilización de la construcción en suelo rústico que implica el cambio en la concesión de las declaraciones de interés general y que denunciaron los progresistas, Juan dijo que solo es para usos «relacionados con explotaciones agrícolas».
«No es cierto que este decreto se haya hecho a espaldas de Eivissa, es una normativa general a la que nosotros luego presentaremos las enmiendas que creamos necesarias para mejorarlo y para reactivar la economía», añadió.
El Consell matiza que ses Variades era ya rústico por sentencia
El conseller de Territori, Mariano Juan, aseguró ayer que pese a que en 2010 PP y UM aprobaron una enmienda en el Parlament para poder construir en ses Variades, este terreno en realidad es rústico «por sentencia», un fallo judicial que asegura que es posterior, por lo que lo dejó «sin efecto». «Eran rústicos y siguen siendo rústicos», dijo Juan. El hecho de que el decreto aprobado por el Govern haya anulado esa enmienda que se aprobó hace dos años «no es preocupante». «Si hay algo que esté mal ya lo cambiaremos en el período de enmiendas, yo lo estudiaré con los servicios jurídicos», indicó el conseller, que avanzó que ahora el planeamiento municipal de Sant Antoni tendrá que considerar este terreno como urbanizable ya que está dentro de una trama urbana.
GxE dice que es inconstitucional
Gent per Eivissa criticó que el decreto dinamita el sistema de ordenación territorial consolidado desde finales de los 90. «Con apelación sarcástica y cínica a la seguridad jurídica se provoca una profunda y dramática confusión», dice GxE, que recuerda que se posibilita el crecimiento de nuevas urbanizaciones en cualquier lugar de Eivissa, «incluidas las áreas protegidas». Asimismo, critica que contradice la ley estatal del suelo y que es inconstitucional, por lo que piden al Defensor del Pueblo que recurra el decreto. Arremeten también contra la actuación del presidente del Consell. «Estamos avergonzados por la nula conciencia de los efectos que tiene el decreto sobre Eivissa y su incapacidad para defender la isla», asegura GxE, que vaticina que las consecuencias en la isla serán «devastadoras».
4 comentarios
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És terrible veure que estem en mans de gent que no té la més mínima idea del que parla. El que ens espera!
Els juristes es deuen haver fet un fart de riure avui llegint i comentant aquestes declaracions.
"Estic espantat", tens tota la raó. En Mariano Juan diu, per una banda, que ses Variades és rústic per sentència judicial i, per l'altra, que el planejament municipal de Sant Antoni tindrà que catalogar els terrenys com urbanitzables. No s'aclaren i això demostra que no tenen ni idea.
Es increible que el conseller de territori digui les asenades que diu en aquesta notícia. Estic espantat.