L. AversaEivissa03/03/12 0:00
TW6

Los plenos son la arena política donde se debaten y aprueban las medidas que afectan a los ciudadanos. Normalmente se celebran en sesiones mensuales que solo presencian periodistas y grupos muy reducidos de ciudadanos.
Son sesiones públicas por ley y desde hace unos meses se pueden ver en vídeo en la web del Ayuntamiento de Eivissa. Una medida que en este Consistorio ha tomado sin mayor trascendencia pero que en Sant Antoni ha provocado enfrentamientos entre gobierno y oposición que amenazan con terminar en los tribunales.
Por un lado, el equipo de gobierno tiene «serias dudas jurídicas sobre la legalidad de esta propuesta» y ha elevado esta consulta a la Agencia Nacional de Protección de Datos. Por el otro, PSOE-Pacte y Nov-A presentaron mociones basadas en sentencias que indican que la difusión de los plenos «no se puede prohibir» y que se consideran un «derecho».
Para más inri, esta semana, el movimiento 15-M en Pinto, con el apoyo de la plataforma Graba Tu Pleno, acusó ante los tribunales a la alcaldesa de esa localidad, Miriam Rabaneda, porque ordenó a la policía echar de la sala a dos vecinos que querían utilizar sus cámaras de vídeo para registrar la sesión. El mismo gesto que tuvo la alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, que, aunque sin policía de por medio, pidió a Nov-A que retirara una cámara que había instalado a principios de legislatura porque no tenía permiso para grabar la sesión y a la espera de conocer la legalidad de esta medida.
Para el concejal de PSOE-Pacte Juanjo Cardona el caso de Pinto es importante «porque el 15-M acusa a la alcaldesa de prevaricación porque sabía que no lo podía prohibir y lo prohibió». «Y ahora veremos como evoluciona esto porque tal vez podemos usar la misma ruta», agrega.
Mientras tanto, exentos de toda polémica se encuentran en Vila, donde el consenso reina sobre esta cuestión que, según informa el Consistorio, «ya se había solicitado en el mandato anterior y al entrar el nuevo Ejecutivo el tema volvió a la palestra». Además, destaca que también lo habían pedido «varios ciudadanos».
Según informó Vila, para llevar adelante la medida «varias empresas presentaron sus presupuestos y el Consistorio eligió el más asequible y que ofrecía más garantías». Ahora, paga por grabación de pleno 200 euros más otros 100 euros por la edición para web donde se cuelgan íntegros y se pueden ver a través del enlace ‘Actualitat' y ‘video notícies'».
Por último, el Consistorio destacó que con la difusión de los plenos, el equipo de gobierno busca «acercar las sesiones plenarias a los ciudadanos para que puedan participar, aunque no activamente, de las decisiones que en ellos toman nuestros representantes políticos».

Piden autorización
Sin embargo, más complicado lo ven desde Sant Antoni. En base a un detallado informe del secretario de la Corporación, Alcaldía ha solicitado autorización o conformidad a la Agencia Española de Protección de Datos ya que «el equipo de gobierno no está en contra de la difusión de los plenos», pero primero quiere «garantizar que se cumple estrictamente la legalidad vigente».
Según informó el Consistorio, «es indudable que los plenos son públicos» según la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Sin embargo, ha pedido autorización porque la normativa aplicable en este caso indica que la grabación y difusión en internet de los plenos «tiene que proteger los derechos fundamentales que establece la constitución y, por tanto, no se pueden retransmitir las sesiones plenarias en su totalidad». «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos», cita el comunicado, entre otras cuestiones legales.

En el archivo
Otra institución que graba los plenos, pero no los difunde, es el Consell. En su informe de Secretaría la máxima institución coincide con el Ayuntamiento de Sant Antoni en que «el debate de los plenos es público a excepción de casos en que pueda afectar al derecho al honor e intimidad de las personas».
Sin embargo, la institución concluye que en estas sesiones «no se suelen tratar datos personales (en caso de sanciones, por ejemplo, se suelen referir al expediente) por lo que, aunque sí suelen figurar en el acta, no lo hacen en el debate público por lo que no hay casuística de que deba impedirse divulgar algún acuerdo de pleno por este motivo». Aún así, en este caso, las grabaciones, que cuestan entre 150 y 200 euros por pleno, solo se destinan al Arxiu d'Imatge i So del Consell.
El resto de las instituciones de la Isla no se plantean ni grabar ni difundir sus plenos.