El grupo ecologista Oceana aseguró ayer que «las legislaciones españolas y europeas tienen suficientes instrumentos legales para prevenir el impacto de las exploraciones y explotaciones de gas y petróleo en el Mediterráneo y Canarias, pero no se están utilizando».
Ante las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, Oceana manifestó que «el Gobierno español no sólo es reticente a utilizar la legislación existente, sino que ha modificado decretos e interpretado de la manera más liviana la legislación para dar espacio a las empresas petroleras».
«Pese a que las leyes existentes permiten paralizar actividades que tengan impacto sobre el medio ambiente, en especial cuando afectan a una zona Natura 2000, que es la red de espacios protegidos en la UE, el Gobierno español no ha hecho el menor esfuerzo por aplicarlas», denunciaron desde Oceana.
De este modo, «el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto para poder poner en marcha las exploraciones en Canarias que revocó el Tribunal Supremo en 2004», señalaron desde esta organización.
El Gobierno también ha permitido exploraciones petrolíferas en zonas con más de 300.000 y 600.000 hectáreas frente a Valencia, Balears o Canarias, «pese a que la ley del sector de hidrocarburos lo impide para superficies superiores a las 100.000 hectáreas», denunciaron.
Que actúe la Justicia
«Sería muy conveniente que la Justicia actuara de oficio para detener estas aberraciones y mandar una claro mensaje de que los Gobiernos no están por encima de la ley», declaró Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana Europa.
«Si los criterios e interpr0etaciones legales que hacen los políticos para las grandes empresas se aplicaran a los ciudadanos, viviríamos en un mundo de caos total», añadió Pastor.
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