Imagen de los integrantes de la gestora el día de su creación | Marco Torres

La comisión gestora que dirige la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) desde la anulación del congreso anunció ayer la apertura de un expediente disciplinario al exsecretario general de la agrupación de Vila, Antonio Roldán y al actual secretario de Organización de Vila, Javier Pina, ambos integrantes del sector crítico que lidera Pedro Campillo.

La decisión se tomó en una reunión celebrada el lunes por la tarde, en la que se acordó incoar e instruir expediente disciplinario por «faltas graves y muy graves» contra estos dos militantes en relación a los hechos que motivaron la anulación del congreso. Además, como medida cautelar, la gestora solicitó a la ejecutiva federal del PSOE la suspensión de militancia de Roldán y Pina y acordó dirigirse a la ejecutiva del PSIB para que proponga un instructor y un secretario para llevar a cabo los expedientes.

El presidente de la gestora, Joan Boned, no quiso confirmar el nombre de los expedientados hasta que no se les notifique oficialmente, algo que no se puede hacer antes de completar los trámites pendientes con el PSIB y Ferraz. Boned sí que reconoció que la decisión en la gestora no se tomó por unanimidad, ya que los tres miembros del sector crítico votaron en contra. «Los expedientados tienen relación directa con hechos irregulares que afectaron durante el día del congreso y días anteriores», explicó Boned sin dar más detalles.

Más expedientes

Preguntado por si estos expedientes no pueden enrarecer todavía más el ambiente en el partido y la división entre ambos sectores, indicó que esto «no tiene nada que ver». «La ejecutiva federal ha confirmado que el congreso estuvo envuelto por irregularidades y también en las declaraciones hechas ante la gestora hemos intuido otras. De las investigaciones, pruebas y documentos que se tienen se desprende que algunos militantes pueden ser objeto de expediente», indicó. Boned cree que podría haber más aperturas disciplinarias próximamente, ya que es un capítulo «no cerrado».

La portavoz del sector renovador/oficialista, Silvia Limones, reconoció que se trata de una medida contundente contra dos personas con la máxima responsabilidad en la agrupación de Vila, pero consideró que si la gestora la ha tomado es porque tras la investigación ha visto que tenía motivos. «Nosotros impugnamos el congreso porque vimos irregularidades y tras la investigación se ha visto que se habían cometido hechos más graves», indicó Limones, que reconoció que no son hechos agradables, pero que el «partido debe seguir adelante». «Se tiene que garantizar que las personas que están en el PSOE lo están para mejorar la sociedad y que no usan el partido como herramienta», explicó la portavoz de los oficialistas, que señaló que «respeta» que Campillo haya dicho que se plantean llegar incluso a los tribunales para defender su honorabilidad. «Es respetable pero después de las resoluciones del PSIB y de Ferraz es evidente que hubo irregularidades en el congreso que nos afectaron y en la mesa se cometieron errores», añadió.

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Fuentes no oficiales del partido explicaron que en principio se hablaba también de expedientar al histórico Carlos Salinas y al afiliado de Vila Bernardo Escalona, pero por el momento parece que no se hará. Salinas trabaja como administrativo para la FSE aunque su futuro laboral es incierto. Recordemos que el delegado Prudencio Hortelano denunció que había sufrido presiones de Escalona para renunciar, algo que motivó luego su sustitución por otra delegada que, según los oficialistas, decantó el congreso a favor de Campillo.

Según explicaron diversas fuentes, los únicos miembros de la gestora que sabían de la apertura de expedientes eran Joan Boned y Marta Díaz, ambos oficialistas. Los otros dos oficialistas, Pepa Marí y Miguel Padial, se enteraron media hora antes y los críticos (José Manuel Bar, Pilar Ferrero y Manuel Rubio) se encontraron con la sorpresa en la reunión y votaron en contra. De hecho, hay quien dice que Díaz y Boned lo tenían todo preparado a instancias de la secretaria general del PSIB, Francina Armengol. Al parecer, los integrantes críticos no pudieron ni siquiera consultar la documentación.

Nada se sabe de los argumentos que han llevado a la gestora a tomar esta decisión y solo ha trascendido que Roldán podría haber estado en posesión del libro de registros del partido. Respecto a Pina, al parecer el problema es la renuncia que presentó del delegado Hortelano.

Algunos ven en el expediente a Roldán una forma de impedir que opte a dirigir la agrupación de Vila.

EL APUNTE

Los afectados lamentan que ni se les haya informado

Dessiré Ruiz hizo ayer de portavoz de los expedientados y lamentó que ni se les haya entregado ningún documento ni se les haya llamado para informarles de la decisión. «Nos enteramos por los medios», lamentó Ruiz, que recordó que el partido debe respetar las garantías de los militantes. Aseguró que la actuación de ningún afiliado del sector crítico ha sido merecedora de expediente. De hecho, mostró su sorpresa porque se haya abierto a Roldán y a Pina, sin relación directa con el delegado Hortelano. Indicó que hasta la semana pasada no hubo declaraciones de los críticos ante la gestora y ahora se ha tomado esta decisión «precipitada». De hecho, fue el propio Roldán el que pidió declarar. Ruiz lamentó que la gestora no sea imparcial y recordó que han presentado una recusación contra Díaz.