Los barcos de más de 12 metros no podrán fondear encima de posidonia

El decreto afectará a áreas que no estén protegidas como LIC, ZEPA o parque natural de ses Salines, que se sujetan a una normativa distinta. La directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, Neus Lliteras, remarcó que, de esta forma, las embarcaciones que tengan más de 12 metros solo podrán tirar el ancla sobre arena. Esta normativa permitirá que si no se cumple la normativa las embarcaciones podrán ser sancionadas por el Seprona o los agentes de medio ambiente.

El decreto supone una adaptación de una normativa estatal, ya que recientemente se ha incluido la posidonia oceánica en el listado de especies silvestres de régimen de protección especial a nivel estatal. «Esto quiere decir que ahora la posidonia tiene un nivel de protección más alto», remarcó Lliteras, que indicó que la normativa estatal establece de manera general que se prohíble la destrucción intencionada de la especie o la tenencia o manejo de ejemplares vivos o muertos. Ahora la Comunitat Autònoma, a través de este decreto, tiene que reglamentar las operaciones de anclaje de embarcaciones y otras cuestiones, como por ejemplo la retirada de alga seca de la playa.

Afecciones

Según explicó Lliteras, en el caso de los fondeos, la norma estatal dice que no se puede «afectar apreciablemente la especie». «Afectar apreciablemente es muy subjetivo, ¿qué quiere decir? Es muy difícil de cuantificar y en función de la persona que lo evalúe no siempre daría el mismo resultado y lo que queremos es ser objetivos, por eso hemos dicho que se permita fondear encima de posidonia por parte de barcos de hasta 12 metros», señaló la directora general, que matizó que todo esto es en zonas que no estén protegidas y que no cuenten con ningún plan de gestión de fondeos previo. «Esto no afecta al parque natural ni a zonas LIC y ZEPA y es importante que quede claro», remarcó Lliteras, que destacó que ellos solo tienen boyas ecológicas en zona LIC (ses Salines, s’Espalamador y Caló de s’Oli), que es donde realmente tienen competencias. En el resto de lugares es responsabilidad de Costas.

Por otro lado, el decreto protege los arrecifes-barrera de posidonia de las Pitiüses. Hay tres, dos en Formentera, Escull de sa Torreta y Escull des Pujol y uno en Eivissa, el de Porroig, que está dentro del parque natural.

Finalmente, el documento regula la retirada de restos de posidonia de las playas, porque permitirá la extracción «con garantías de no afectar a la especie». «Lo que queremos es que los ayuntamientos lo puedan hacer, porque si no hiciéramos este decreto, con una interpretación estricta de la norma estatal retirar la posidonia y llevársela podría constituir un delito medioambiental al ser tráfico de especie protegida», aclaró la directora general.

En este sentido se implantará un código de buenas prácticas para que los ayuntamientos respeten que no se puede retirar cuando hay temporal, en determinadas épocas del año o con maquinaria no adecuada que se lleve la arena. «En caso de que se desee, se puede volver a poner la posidonia en la playa una vez terminado el verano», explicó Lliteras.

La directora cree que el decreto podrá entrar en vigor en tres o cuatro meses, aunque piensa que lo verdaderamente importante es que los navegantes estén informados y concienciados sobre el problema.

Formentera pide que se sancione el destrozo del Turama

Después de que la Fiscalía no haya visto delito en el destrozo de posidonia que hizo el yate Turama el verano pasado, el Consell de Formentera mostró ayer su «respeto» hacia las decisiones de Fiscalía. «Pese a que no contamos con información de primera mano sobre la denuncia, entendemos que por los daños causados a la pradera de posidonia sí que podrían constituir objeto de sanción administrativa», explicarón desde el Consell. De hecho, esperan que se pueda sancionar cualquier destrozo sobre los bienes naturales de la Isla para que «no haya sensación de impunidad». «Es un deber de los organismos competentes coordinarse para garantizar más vigilancia, control e interposición de sanciones», añadieron.