El príncipe saudí -la causa fue archivada por la Audiencia de Palma- controlaba la sociedad Mixta África SA, de la que también formaban parte en calidad de accionistas los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina a través de la empresa de ambos Aizoon. Mixta Africa desarrolla proyectos inmobiliarios en diversos países africanos.
El juez Castro dictó ayer una providencia en la que requiere a la representación procesal de la modelo para que acredite qué perjuicios ha experimentado su cliente como consecuencia de los hechos investigados en la causa. Una vez conocidos sus argumentos decidirá sobre su petición de ser parte en el ‘caso Nóos’.
Urdangarin y la infanta Cristina adquirieron en 2007 el 1% del capital social de Mixta África, que durante un tiempo presidió el exministron Josep Piqué (PP).
La modelo denunció ante un juez de Eivissa al príncipe Bin Taali cuando tenía 20 años. Según su versión, la violación se produjo en el yate «Turama», atracado en el puerto de Eivissa. Ni el juez ni la Audiencia pudieron acreditar la veracidad de la denuncia.
Por otra parte, en la misma providencia dictada ayer, el juez da traslado a las partes de un escrito presentado por Antonio Alberca, abogado del expresidente del Govern Jaume Matas, en el que afirma que el magistrado debió inhibirse en la instrucción del ‘caso Nóos’. «Ha incurrido en una causa de nulidad, provocando un grave daño a la administración de justicia», señala el letrado.
