En el escrito de acusación presentado por Rodríguez contra Entresotos y los otros dos acusados, César García Quetglas y Jesús Gil Lamata, les acusa de los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, delito societario de falsedad en cuentas anuales y derechos a la información del socio minoritario. Por ello, pide para cada uno de los acusados 10 años de prisión y 378.000 euros de multa. Asimismo, solicita la aportación de una fianza de doce millones.
Según se relata en el escrito, todo procede de unos negocios conjuntos que iniciaron García Quetglas y Rodríguez Ayuso, siendo Entresotos y Gil Lamata administradores de una serie de sociedades (Alfa Beta Real State, Travel A.C.J., Lisa 99 y Uruaguas). Rodríguez acusa a los tres de haber diseñado un plan para defraudarle sus bienes después de haber invertido en los últimos años «gran parte» de su patrimonio.
Obra en Platja d’en Bossa
En concreto, el exregistrador de la propiedad les acusa de apropiarse de varios millones por unas obras de construcción del edificio Géminis que promovieron en Platja d’en Bossa. Dice que contrataron las obras con constructoras vinculadas a García Quetglas, que emitieron facturas infladas o que no correspondían a los servicios realizados. Según Rodríguez, el edificio costó 15 millones, pero el coste razonable de esas obras, según el Colegio de Arquitectos de Guadalajara, es de 8,9 millones, por lo que cree que se han apropiado ilícitamente de 6 millones. El escrito habla de otras obras en Tenerife y del alquiler de dos embarcaciones, con lo que la apropiación total llegaría a 9,9 millones.
Los tres acusados negaron ayer «rotundamente» las acusaciones de Rodríguez. Según dicen, la única razón por la que el exregistrador interpuso la querella es para evitar tener que pagar la deuda contraída con la constructora de la promoción inmobiliaria de Tenerife, así como «tratar de resarcirse de las pérdidas padecidas como promotor inmobiliario como consecuencia del colapso de este sector». Aseguran que mantiene posturas «inverosímiles» como que no sabía el coste de unas obras que dirigían y comercializaban sus hijos.
También sostienen que la mayor parte de los problemas surgidos entre los socios se deben porque Rodríguez quiso ocultar su condición de promotor inmobiliario debido a la «flagrante incompatibilidad» en la que incurría por su triple condición de registrador mercantil, de la propiedad y jefe de la Oficina Liquidadora. «Desde el inicio interpuso sociedades y otras estructuras mercantiles, incluso en Las Vegas (con administrador en Panamá) para tratar de ocultar frente a terceros el origen de fondos», dicen los acusados, que se consideran víctimas de una lesión en su honor.
Entresotos, que defiende que los negocios que se hicieron no fueron en absoluto turbios, dejó la política por su imputación en el caso Eivissa Centre (Bauzá le impidió ir en listas), aunque también estaba imputado por este otro asunto.
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