El pasado 30 de abril el Govern anunció un paquete de medidas de equilibrio presupuestario que, entre otras, recogía la supresión del Consell de la Joventut de les Illes Balears. Presupuestado con 121.000 euros anuales, la razón que dio el Ejecutivo fue la falta de recursos.
Durante la protesta que tuvo lugar ayer por la derogación de la ley de juventud, la presidenta de la entidad, Marta Carrió, calificó las explicaciones del Govern de «extrañas y ridículas» ya que se trata del ente público «peor dotado».
Carrió explicó que están dispuestos a cualquier ajuste, pero no a una «demolición. No hay justificación para la derogación de la ley de juventud», dijo. «La adaptación del CJIB es posible pero es impensable y absurda su abolición», manifestó la presidenta, quien también entiende que el Govern ha utilizado la crisis económica como «excusa» para eliminar este órgano de trabajo, que, además, históricamente siempre ha estado «muy mal dotado económicamente».
Crítica y constructiva
El Consell de la Joventut es «la única entidad pública que no está gestionada directamente por los políticos del Govern, sino por los representantes de las entidades juveniles de Balears. La voz crítica y constructiva, firme e independiente del Govern».
Educación, salud, vivienda, trabajo, actuación policial y seguridad, voluntariado, deporte o cultura pasaban por las demandas o críticas del Consell de la Joventut. Una entidad que emergió del consenso de todas las fuerzas políticas.
En el adiós representado ayer frente al Parlament estuvieron el secretario general del PSM, Biel Barceló, el conseller Joan Font (PSM) y el diputado Antoni Alorda (PSM).
Los ex directores generales del Consell de la Joventut Andreu Caballero, Joan Ferrà o Rafael Sedano, Magí Moranta.
También asistieron representantes del movimiento Escolta, Joves de Esquerra, Joves del PSM y miembros del Centre d’Estudis d’Esplai, entre otros.
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