L. AversaSant Antoni27/06/12 0:00
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El Ayuntamiento de Sant Antoni asegura que ha iniciado el proceso para derribar un grupo de construcciones ilegales ubicadas en Sant Mateu y sobre cuyo propietario pesa una sentencia de 2009 que le condena a seis meses de prisión y a una multa económica por un delito contra la ordenación del territorio.

El concejal de Urbanismo, José Torres, explicó ayer que el propietario ya fue notificado a mediados de mayo de su obligación de derribar estas estructuras, que edificó sin ningún tipo de autorización en suelo rústico protegido calificado como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). Y, según señaló, hace pocos días ha presentado alegaciones para intentar frenar la demolición. «Analizaremos las alegaciones y le contestaremos. La demolición tiene un proceso y si él no quiere, puede terminar en un contencioso administrativo», advirtió el concejal.

Las obras consisten en un conjunto de casas de madera comunicadas interiormente, ubicadas en la finca Ca’n Vicent Lluc de es Pla de Sant Mateu. Son tres edificaciones de una sola planta de 93,95m2, 71,90m2 y 240 m2, y una piscina de siete metros.

Obras por la noche

Las denuncias contra estas edificaciones ilegales fueron promovidas por su vecino, el abogado alemán Bernd Dücker, quien ayer aseguró que desde hace quince días, el propietario «está haciendo obras en el interior». «Ha reparado el generador y tiene otra vez electricidad», criticó el vecino, que a través de PSOE-Pacte lo denunció ante el Consistorio, que su vez envió un celador el pasado martes. «Pero hace las obras por la noche, no cuando viene el celador. Y no he hecho fotos porque me amenazó con matarme si decimos algo al Ayuntamiento. Tenemos sentencia firme y no pasa nada», se quejó Dücker, que recordó que presentó un escrito en septiembre de 2011 para que el Consistorio instara al derribo de las obras ilegales, pero que aún no ha recibido respuesta. Para el vecino, la intención del propietario es mudarse allí «para evitar la demolición».

Cabe destacar que el magistrado, en su resolución, no obliga a demoler las obras y lo deja a elección del Consistorio, que ya ha iniciado el proceso. De hecho, entre 2004 y 2006 el Ayuntamiento incoó dos expedientes sancionadores: el primero caducó y el segundo se paralizó hasta la resolución judicial. Según la sentencia, las obras no solo se hicieron sin autorización sino que el acusado tampoco presentó ningún proyecto de legalización.