El bar Es Puig, propiedad del concejal y protagonista de toda esta polémica.

El bar Es Puig, propiedad del concejal y protagonista de toda esta polémica.

Eivissa15/09/12 0:00
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Continúan conociéndose datos sobre la concesión presuntamente irregular de una licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni al concejal de Deportes, Vicente Cabezas. Según se desprende de la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico, el regidor presentó una solicitud de licencia de construcción con fecha del 12 de abril para la realización de unas obras de ampliación de planta baja y para añadir una planta piso sobre el bar Es Puig. El Ayuntamiento, con una diligencia inusual, emitió un informe favorable a la concesión ese mismo día 12 de abril. Más tarde, el 21 de junio, hizo otro en el mismo sentido. También fue rápido, aunque no tanto, otro informe favorable que se emitió en dos meses y que elaboró el departamento de Mobilitat del Consell. Era necesario por estar la obra al lado de una carretera.

Los hechos se remontan a 2005, cuando Cabezas aún no era concejal. Fue entonces cuando, según PSOE-Pacte, el ahora regidor inició unas obras en el bar Es Puig pese a no tener licencia. Según denunció el grupo progresista, en 2007 el Ayuntamiento le abrió un expediente de disciplina urbanística que nunca se ha concluido. Dos años después, solicitó licencia para legalizar las obras, pero se le denegó porque no había proyecto urbanización en la unidad de actuación en la que se encuentra el establecimiento. Una situación que continúa igual hoy en día.

Una vez elegido concejal, Cabezas volvió a insistir y solicitó la licencia en abril de 2012. Se le concedió el 29 de junio con el secretario municipal presente, quien se basó en el informe técnico para dar su conformidad.

Sin embargo, poco después el secretario hizo otro informe para anular ese permiso urbanístico. En él recordó que la arquitecta municipal ya denegó en 2009 la licencia porque «no se ha aprobado el correspondiente proyecto de urbanización». Recuerda también que Cabezas recurrió, pero se desestimó después de que el asesor jurídico José María Roig Vich emitiera un informe desfavorable.

En su informe, el secretario municipal asegura que la «situación urbanística del sector donde está ubicado el bar no ha cambiado, ya que el proyecto de urbanización no ha sido aprobado». Sostiene que es «imposible» otorgar una licencia de obras con carácter previo a la aprobación de un proyecto de urbanización y considera que el informe técnico favorable realizado por el aparejador municipal Miguel Ángel Martí Miralles (imputado por autorizar la licencia de la mansión ilegal de Cretu que fue demolida) y en el cual se basa la concesión de la licencia parte de un presupuesto «erróneo y no conforme a derecho». Ese informe se basa en la ley 7/2012 aprobada recientemente por el PP para autorizar estas obras, pero el secretario indica que pese a que esta normativa permite autorizar la edificación y urbanización simultáneas, en este caso «el proyecto de urbanización todavía no ha sido aprobado, por lo que no resulta ajustado a derecho conceder la licencia». Es por ello que el secretario recomienda iniciar un proceso para anular la licencia.

En la documentación también se incluye un informe aportado por Miralles en el que incluye los artículos de la nueva legislación urbanística del Govern, en virtud de la cual, según él, se puede permitir la obra, ya que el «ayuntamiento podrá autorizar, tanto en suelo urbano como urbanizable, la edificación y urbanización simultáneas».