Las obras de demolición del complejo comercial de Ca ses Castellones comenzarán en unas dos semanas, aproximadamente, tras el acta de replanteo de los trabajos iniciado ayer.

El conseller d’Urbanisme de Formentera, Bartomeu Escandell, informó sobre el inicio del proceso de derribo en cumplimiento de la sentencia judicial de 4 de febrero de 2009, «que obliga a la reposición de las cosas a la realidad anterior a la ejecución de las obras». Escandell resaltó que una vez que se reclamó a la propiedad la demolición de los tres edificios, «y visto que no lo han hecho, lo hace subsidiariamente el Consell». Las obras serán ejecutadas por la empresa Construcciones y Excavaciones Erri-Berry S.L. por un importe de 83.038,77 euros, que cuenta con un plazo de dos meses para su ejecución.

Desde el Consell recordaron que la Junta de Gobierno de abril de 2005, con el PP-GUIF-PREF en el poder, otorgó una licencia urbanística a esta entidad empresarial para ejecutar un proyecto, que consistió en la demolición de la casa pagesa de Ca ses Castellones y en la posterior edificación de varios locales comerciales en esta zona de Sant Ferran.

Además, para que la licencia pudiera prosperar el equipo de gobierno existente en 2004 en el Ayuntamiento de Formentera tuvo que desistir del PEP, Plan Especial de Protección de Sant Ferran, un instrumento urbanístico preceptivo para autorizar nuevas edificaciones en conjuntos históricos.

Desde la máxima institución señalaron que ahora, con GxF-PSOE en el gobierno, se han llevado a cabo todas las acciones legales al alcance de la institución para evitar los daños patrimoniales derivados de la anulación de una licencia urbanística de este tipo y que podrían recaer sobre el pueblo de Formentera.

«Este equipo de gobierno ha realizado todos los pasos legales para evitar la responsabilidad patrimonial que puede derivarse de esta demolición porque consideramos que es grave para la institución y para el pueblo de Formentera porque puede ser muy dura y por eso se han dado todos los pasos para evitarlo. Aún así, ya ha sido solicitada [la responsabilidad patrimonial] por la promotora», indicó ayer Bartomeu Escandell.