El exalcalde de Sant Josep José Serra Escandell volverá a sentarse el lunes en el banquillo de los acusados por permitir en 2006 que se depositaran en una zona ANEI (Área Natural de Especial Interés) restos de las obras del segundo cinturón. Por ello, la Fiscalía solicita para el exalcalde seis años y medio de prisión y una multa de 150.000 euros por un delito contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio. Asimismo solicitan la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años por un delito de prevaricación.

Los hechos se remontan al mes de febrero de 2006 cuando el otro acusado y propietario de la finca ubicada en la zona de sa Serra Grossa, F. L. S., ejecutó una obras consistentes en realizar un camino en el lecho del Torrent d’en Fita. Para hacerlo, F.L.S. taló pinos afectando a una superficie de unos 300 metros cuadrados. Asimismo, se realizaron «numerosos vertidos de tierras, piedras y material procedente de demolición, entre el que se encontraban restos asfálticos», según figura en el escrito de acusación de la Fiscalía. Esto último afectó a una extensión de terreno de 2.700 m2.

F.L.S. realizó todas estas obras y vertidos sin que se le hubiera concedido licencia municipal. De hecho, solicitó la licencia para llevar a cabo estas obras el 27 de marzo aunque se dispuso a hacer la acumulación de tierras sin esperar esta autorización.

En mayo, el grupo de la oposición Pacte Progressista denunció estos hechos a través de un escrito y un agente de la Policía Local de Sant Josep también informó de los hechos. Aún así, Serra Escandell «dejó continuar los trabajos y permitió la consolidación de los mismos». Y a pesar de que existía otro informe de la policía, éste del mes de junio, «en momento alguno requirió al interesado para que presentase solicitud de licencia ni acordó o promovió actuación alguna para la demolición de lo efectuado y restauración de los terrenos a su estado anterior». Sin embargo, en julio se «limitó» a remitir la instancia y documentación presentada por el propietario al Consell Insular, «no llevando a cabo ninguna otra actuación».

Según el escrito de Fiscalía solo el 20 de julio, la Junta del gobierno municipal acordó ordenar al propietario para que se abstuviera de seguir depositando tierra y piedras en la finca, concediéndole un plazo de 10 días. Aún así, el requerimiento no le fue notificado hasta el 17 de agosto y después de que Serra Escandell recibiera una notificación del 10 de agosto en la que el pleno del Consell le instaba a incoar el correspondiente expediente. A pesar de todo, el exalcalde «ni ordenó la incoación del expediente de infracción, ni requirió a F. L. S. para que restaurara los terrenos a su estado anterior, ni acordó ejecutar esta restauración, permitiendo que las obras llevadas a cabo permanecieran y se consolidaran».