El Consell investiga desde marzo otra presunta ilegalidad de Cabezas al invadir zona de Carreteras

Según denunció ayer el conseller de PSOE-Pacte Juanjo Cardona, el 13 de marzo la concesionaria de la autovía de Sant Antoni avisó al Consell de que el bar Es Puig, situado al lado de la vía, estaba haciendo una obra ilegal. En el lugar se personó un celador del Consell, quien hizo una denuncia formal y el 20 de junio se abrieron diligencias previas de expediente sancionador, conminando al interesado a legalizar la situación en un mes.

Es entonces, cuando, según los progresistas, esta investigación quedó «totalmente paralizada» y se «escondió en un cajón», sin llegarse a tomar ninguna resolución. De hecho, unos días más tarde, aseguran que el presidente del Consell, Vicent Serra, y la alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, asistieron a la inauguración de este restaurante, «ampliado de forma ilegal».

Recuerdan que paralelamente, el 12 de abril, el concejal presentó una solicitud de obra mayor en el Ayuntamiento que se le concedió, aunque más tarde obtuvo un informe contrario del secretario municipal. En este expediente consta un informe favorable de Carreteras del Consell «que no hacía ninguna referencia a la denuncia anterior de los técnicos».

Según recordó Cardona, cuando ellos sacaron a la luz el asunto, en septiembre, Vicent Serra argumentó que se trataba de un tema de «gestión municipal». Poco después, el 20 de septiembre, el Consell reactivó el expediente y constató que «no se había paralizado ninguna obra». En la documentación figura que en el restaurante se habían hecho una serie de obras sin licencia, como aumentar la altura del muro, continuar el cerramiento, construir una terraza y habilitar un aparcamiento de grava y una cuneta en zona de dominio público. El último movimiento realizado en este expediente es una petición al Govern para determinar exactamente el área de dominio público. «Es la primera vez que se comunica al Govern el caso de la obra ilegal, detectada 6 meses antes», aseguran los progresistas.

El Consell envió ayer un comunicado para puntualizar que fueron ellos los que formularon una denuncia por estas obras de oficio y que Cabezas, en el plazo legal de un mes, aportó el proyecto para legalizar la obra. Con ello se tramitó un permiso de Carreteras, que fue otorgado «con un informe favorable del Govern». Posteriormente, el 20 de junio el Consell comprobó que una parte de las obras realizadas no estaban incluidas en el proyecto presentado, por lo que se iniciaron diligencias previas para saber si existían indicios de una infracción. Se dio otro plazo de dos meses a Cabezas para legalizar el tema. Según defiende la institución insular, una vez pasado este período se reactivó el expediente en septiembre, por lo que niegan que se escondiera en un cajón y que hubiera «parálisis». «Se han seguido los plazos legales por parte de los funcionarios y de los servicios jurídicos», insistió el Consell, que lamentó el «uso partidista y político», ya que el expediente «se está llevando a cabo con normalidad» y al estar en curso «las actuaciones realizadas no son públicas».