José Antonio Marí Román, en su despacho, en una imagen de archivo.

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«Se han incrementado las consultas y se han incrementado los casos. Está el desahucio por temas de hipoteca y luego también los lanzamientos por falta de pago en temas de arrendamientos, que también existen y son muy importantes. No lo vivimos tanto como en otros sitios de España y aunque es verdad que parece que no está pasando nada, no es cierto, hay muchos casos».

Estas palabras pertenecen a José Antonio Marí Román, delegado en las Pitiüses del Colegio de Abogados de Balears. A este organismo recurren en busca de un abogado de oficio aquellos que, al igual que van a ser desalojados porque no pueden pagar la hipoteca, tampoco pueden costearse una representación legal.

Marí detalló que el perfil de quien busca esta ayuda en Eivissa es «muy variopinto», pero con un denominador común: la pérdida de trabajo y, como consecuencia, la imposibilidad de pagar la vivienda. «Hay muchísima gente de clase media que había pedido un préstamo en su momento porque no tenía ningún problema económico. Trabajaban los dos, y ahora se encuentran con que de los dos trabaja uno, o incluso ninguno, y ya no pueden hacer frente a esa hipoteca de 900 euros que antes podían afrontar holgadamente. Éste es más o menos el perfil que vemos ahora. Es gente que ha devenido en desgracia económica. Y, de esos, hay desgraciadamente muchos», explicó Marí.

Según el abogado, aunque intentan oponerse «en todo aquello que legalmente se puede» para intentar frenar los desahucios, los bancos «negocian poco, escuchan poco y atienden poco a las realidades diarias de sus clientes». «Que hace falta un cambio en la ley de desahucios es evidente, lo digo como ciudadano», indicó el letrado, que espera que ese pacto prometido por PP y PSOE le quite «dureza y rigidez» a la ley hipotecaria. Asimismo, destacó que el repunte de casos de desalojo por impago de alquiler también tiene en Eivissa una repercusión importante porque «los precios aquí no han bajado mucho y hay gente que no los puede afrontar».

Para ambas situaciones, Marí consideró que se debe tener en cuenta la posición del afectado. «No es lo mismo la gente que no tiene recursos, que está haciendo todo lo posible y que ya no puede más, que otras personas que abusan de la ley. Eso pasa en todos los conceptos: hay muchos inquilinos que se aprovechan de que la ley da unos márgenes amplios [unos meses] antes del desalojo y que abusan de esa situación, y luego hay personas que pagaban puntualmente su hipoteca y que ahora les es imposible», concluyó.