Los representantes institucionales, la Policía Local y la Nacional fueron puerta por puerta para saber quiénes vivían y el estado de las viviendas.

«Si no encuentro casa, me volveré a meter en ésta y me tendrán que llevar a la cárcel. Y luego los vecinos harán lo mismo porque esto es una vergüenza y una deshonra. Tanto que habláis de los menores y no ponéis remedio para que tengan casa», espetó uno de los okupas de la calle Retir de Sa Penya al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Eivissa, Alejandro Marí, a la interventora, al secretario y al tesorero del Consistorio y a los Policías Locales, después de recibir la notificación de que la vivienda que ocupa pasa a ser propiedad del Ayuntamiento.

Esto ocurrió en la segunda jornada del proceso de pago de expropiaciones a los propietarios y arrendatarios legales de la UA27, comprendida entre las calles Alt y Retir de Sa Penya. En la jornada de ayer, la mayoría de los vecinos que ocupan las casas se negaron a abandonarlas y dos de ellas estaban vacías, según explicó el concejal Alejandro Marí.

Durante la jornada de ayer, se citaron a nueve propietarios, que corresponden a 12 unidades catastrales. Recalcó, además, que el pago de las indemnizaciones a los propietarios de las casas quedó recogido y publicado en el BOIB el mes pasado y que van, según recoge este documento, desde los 2.470 euros hasta los 186.951 euros. «Los técnicos determinaron un justiprecio en función, por ejemplo, de los metros cuadrados de la vivienda», precisó Marí, quien recordó que se trata de «un problema que arrastra Eivissa desde hace muchísimos años. Esta unidad en concreto [la UA27] figura aprobada en el plan general del 2009; lo que hacemos es actuar en función de lo que se aprobó en el plan general del 2009».

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