Toni Roselló, agente de la propiedad inmobiliaria en Eivissa, es el impulsor de esta campaña.

El Gobierno aprobó hace unas semanas la Ley del Alquiler, que excluye el arrendamiento vacacional de pisos entre particulares. Con esta ley pasan a ser las comunidades autónomas quienes regulen o no este tipo de alquiler. En Balears, el Govern aún está pendiente de aprobar el reglamento de la nueva Ley Turística, donde se podría contemplar.

Toni Roselló es un agente de la propiedad inmboliaria (API) preocupado por las repercusiones profesionales para su sector y sociales para la población pitiusa que tendrá esta prohibición si el Govern finalmente no lo regula. Por ello ha emprendido una campaña de recogida de firmas para que cualquier vivienda pueda ser legalmente alquilada a turistas.

—¿Qué pretende exactamente conseguir con estas firmas?

—La finalidad última de esta campaña es la de despertar y movilizar a la ciudadanía porque el problema al que nos enfrentamos va mucho más allá del hecho de que unos cuantos agentes inmobiliarios nos quedemos en la ilegalidad. Hay un trasfondo social que afecta a muchos ciudadanos. Aproximadamente de cada 100 turistas que llegan a Balears unos 44 no se alojan en establecimientos hoteleros. Partimos de la base de que el alojamiento extrahotelero supera en términos de ocupación al hotelero. El Gobierno no puede ilegalizar en 24 horas la actividad de un sector que ha crecido de forma exponencial en los últimos años hasta un 30%. Aquí no sólo hablamos de legalizar viviendas, estamos hablando de pagar hipotecas y evitar desahucios y de no perder una actividad comercial que da de comer a cientos de miles de personas en el país.

—¿Cuántas casas particulares son alquiladas a turistas en verano en Eivissa?

—En Eivissa, entre chalets, mansiones y villas, que ya pueden ser legalizados, aproximadamente unas 3.000 y hay unas 9.000 que a día de hoy ya son ilegales. En el Consell estamos inscritos oficialmente 15 comercializadores. Después de 10 años en el sector calculo que hay un mínimo de 2.000 inmobiliarias o terceros que ejercen la actividad comercial de forma continuada.

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