Entrada a la estación de autobuses de Eivissa. | G. G. LAMA

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untamiento de Eivissa pidieron ayer al juez que los propietarios de las empresas de autobús Voramar El Gaucho y Autobuses San Antonio aporten una fianza por los posibles perjuicios que podría causarles el hecho de no poder trasladarse a la nueva estación de autobuses.

En el caso de Cetis-Sagalés solicitaron 4 millones y en el caso de Vila medio millón. Según explicaron fuentes del Ayuntamiento de Eivissa, esta cantidad se pide por los perjuicios que podría causar el hecho de que los autobuses continúen en Isidor Macabich, por si se produjera, por ejemplo, un accidente o cualquier eventualidad.

El abogado de Cetis-Sagalés, Jorge Herranz, explicó que se trata de una garantía que se pide en los procesos contencioso-administrativos («no es indemnización») por si la suspensión del traslado se mantiene durante un largo tiempo. «El Ayuntamiento ha hecho unos cálculos y lo ha valorado en 500.000 euros, pero nuestro perjuicio es mayor porque se afecta a la rentabilidad del conjunto de la edificación, ya que al no haber afluencia de usuarios a la estación los locales se quedan sin alquilar y rentabilizar», explicó Herranz, que indicó que estos 4 millones se han pedido en base a estudios detallados y cálculos que van desde el pasado lunes y en el supuesto de que el proceso judicial durara dos años.

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