La Plataforma Sociosanitaria de Eivissa, la Plataforma por la Convivencia, Aspanadiff, los sindicatos UGT, CC OO y CSI-F, representantes del Consorcio de Gestión Sociosanitaria de Eivissa, así como los partidos políticos Entesa, Esquerra Unida, Gent per Eivissa, ERC y PSOE presentaron ayer la Plataforma en Defensa de los Servicios Sociales Públicos y Atención a la Dependencia. En el acto de presentación destacaron que el futuro Consorcio de Servicios Sociales y Sociosanitarios de Balears «decide la forma de gestión de las actividades que tiene encomendadas; puede privatizar los servicios sociales».
La primera iniciativa de la recién creada plataforma ibicenca será una recogida de firmas en contra de la creación del consorcio balear, que arranca hoy en el paseo s’Alamera de Santa Eulària y en el mercadillo de Sant Jordi. Diego Ruiz, secretario general de UGT en las Pitiüses, señaló que hay «indicios claros» de privatización de la gestión.
Los indicios
«El primero de ellos es que en ningún sitio se dice que no se vaya a hacer y viendo cómo se están desarrollando los últimos ejercicios económicos y los últimos presupuestos del Govern mucho nos tememos que sea la excusa perfecta para, por lo menos, privatizar la gestión de los centros abiertos. Además hay que tener en cuenta la línea que sigue el PP en las distintas comunidades autónomas, que es la de privatizar la sanidad y la educación» y señaló que los colectivos que integran esta plataforma no quieren que los servicios se centralicen en Mallorca. «Cuanto más lejos está el usuario es mucho más difícil que se le tenga en cuenta», precisó. En este sentido, Ruiz destacó que el Consell «al conocer la creación de la plataforma seguramente dirá que no repercutirá directamente en los usuarios ni en los trabajadores y que, por tanto, no corre peligro ni los servicios ni los puestos de trabajo».
Por este motivo, desde la plataforma proponen que se haga una consulta ciudadana para que sea la población quien decida si los servicios sociales deben ser gestionados por el Consell o por el Govern. «Lo que queremos es que si el Consell entiende que no hay peligro en los servicios ni para los trabajadores que defienda la gestión propia de los servicios sociales y, en el caso de que tenga dudas, que someta a un referéndum ciudadano para saber si los servicios sociales se tienen que quedar con la gestión insular o pasar ala autonómica».
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No termino de entender esta cuestión. Si el futuro Consorcio de Servicios Sociales y Sociosanitarios de Balears, estará compuesto por el Govern y el Consell, y este dice que garantiza los servicios y los puestos de trabajo, evidentemente el incumplir lo dicho sería el colmo dado la que está cayendo. Pero si bien considero lícita la preocupación de todos los que constituyen la Plataforma en defensa de los servicios sociales, creo recordar que la cuestión de los servicios sociales es algo que dimana directamente de la Constitución, y por lo tanto no tendría valor alguno la consulta ciudadana que proponen, ya que debería de llevarse al ámbito estatal y hacer un referéndum para enmendar la Constitución. Digo yo, ¿no sería más sencillo que en lugar de dicha consulta, exigieran al Govern una garantía por escrito ante notario de que no va a privatizar los servicios sociales de las Pitiüsas, tal y como se ha comprometido a hacer? Vamos, si es que ha llegado a comprometerse, porque a mí lo que me consta, es tan solo el compromiso del Consell, que será miembro en minoría en el futuro Consorcio Balear.