El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha rechazado abrir diligencias previas contra el responsable del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que acusó de falsear datos fiscales a los inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) encargados de analizar las operaciones económicas de Aizoon y sus socios, los Duques de Palma.
En el auto de 227 que el instructor ha dictado este martes para citar a declarar como imputada a la Infanta Cristina, el magistrado ha desestimado así la petición cursada a mediados del pasado mes de diciembre por la Fiscalía Anticorrupción, que reclamaba que reclamaba la apertura de estas investigaciones a efectos de que dirimir las posibles responsabilidades penales del responsable de Gestha.
A colación de esta solicitud, el juez asevera que «puestos a hablar de tratos discriminatorios y a sentirnos vulnerables a las llamadas de atención», después de que la Fiscalía atribuyera la posible imputación de la Infanta a las «expectativas personales» del instructor, la citación del líder sindical -de quien «se silencia» nombre y apellidos, las expresiones concretas que vertió y el contexto en que se pronunciaron- supondría «un serio contraste con las garantías que se predican para la citación de Doña Cristina».
En su escrito, presentado este martes ante el juez José Castro, el fiscal Pedro Horrach vuelve a mostrar su disconformidad con la posibilidad de que se impute a la hija del Rey por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, al alegar que las dos últimas diligencias de investigación aportadas al caso Nóos -un informe de la Agencia Tributaria y otro del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional- «corroboran la inexistencia de indicios incriminatorios» de los que pudiera derivarse su encausamiento.
Castro subraya en este contexto que el conocimiento que tiene de las manifestaciones del responsable de Gestha lo tiene por el informativo «de una cadena televisiva», por lo que le es «imposible recordar las exactas expresiones que vertiera pero sin que en aquel entonces tuviera la percepción de que se estuviera cometiendo delito alguno».
Además, justifica la denegación de estas investigaciones en el hecho de que se desconoce el lugar en que se habría cometido ese supuesto delito y con ello el juez natural que habría de investigarlo, y que «nunca» sería el propio Castro, al señalar «aunque es cierto que las manifestaciones que se hayan podido proferir lo habrían sido con ocasión de la labor instructora desplegada en la presente causa, ninguna conexión objetiva ni subjetiva guardan con ella».
En el escrito en que solicitaba las anteriores diligencias, el fiscal Pedro Horrach basaba su petición en el hecho de que el líder del sindicato de técnicos acusara a los inspectores de Hacienda en funciones de auxilio judicial en el caso Nóos de «manipular los datos fiscales», lo que a su juicio es «una imputación grave, gratuita y falsa».
«Grave porque implica imputarles la perpetración de un hecho delictivo. Gratuita y falsa porque además de no corresponderse con la realidad, no se halla refrendada por ningún elemento de prueba que la sustente», alegaba Horrach, quien ve «obligado» amparar en las funciones de auxilio judicial «a los profesionales que las desarrollan, pues lo contrario conllevaría un permanente estado de indefensión y tolerar conductas que interfieren y pervierten el proceso penal, haciendo del mismo el escenario perfecto para dar publicidad a intereses ajenos a él».
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