El Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa celebrará del lunes al viernes de la semana que viene el juicio por el denominado caso Grupo Playa Sol, en el que la Fiscalía pide una condena de 81 años y 7 meses de prisión para el empresario Fernando Ferré y de 14 años y 5 meses para su asesor fiscal Josep Oller.

Ferré y Oller serán juzgados por 14 delitos contra las haciendas públicas estatal y autonómica por presuntos fraudes de los impuestos de Sociedades, Transmisiones e IVA, así como por fraude en las retenciones sobre el rendimiento del trabajo.

También se les juzgará por varios delitos contables, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores y por haber reclutado a trabajadores extranjeros con contratos en sus países de origen para eludir las normas laborales españolas. En total se les imputan 18 delitos presuntamente cometidos a través de una red empresarial formada por 301 sociedades.

Están acusados de perjudicar los derechos de los trabajadores que contrataban en lo que se refiere a sus sueldos, pago de horas extraordinarias, descansos y condiciones de residencia en habitaciones no aptas para ello, así como por las malas condiciones de higiene que padecían en barracones perjudiciales para su salud.

Además de los 81 años de cárcel, la Fiscalía Anticorrupción pide para Ferré una multa de 18.235.124 euros así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años. Para Oller reclama 18,2 millones de multa.

Además pide que ambos indemnicen de forma solidaria con 17,05 millones a la Hacienda Pública estatal y con 1,1 a la autonómica, como responsabilidad civil.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma pide para Ferré y Ollé idénticas penas de 15 años y 11 meses de prisión y 3,4 millones de multa. La Abogacía del Estado reclama 14 años de cárcel para Ferré y 13 para Oller.

El sindicato CCOO, acusación particular también en esta causa, pide 15 años y 8 meses de cárcel para ambos acusados y el sindicato UGT 15 años y 11 meses.

El grupo hotelero Playa Sol se encuentra bajo administración judicial después de que sus responsables fueran detenidos en junio de 2010 en la llamada «Operación trueno», ordenada por Anticorrupción por fraude fiscal.

El empresario compró cuarenta hoteles en Ibiza, Mallorca y Praga por valor de mil millones de euros. Según la Agencia Tributaria, el grupo hotelero GPS, que explota más de diez mil camas, con un volumen de negocios cercano a los 36 millones anuales, no ingresó cuota alguna correspondiente al Impuesto de Sociedades ni al IVA.

Para eludir la tributación, GPS usaba más de trescientas sociedades diferentes a las que cambiaban constantemente de domicilio con el objeto de dificultar la adjudicación del beneficio empresarial a cualquier sociedad.

Sobre los dos acusados pesa una fianza de 48.569.397 euros por las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar contra ellos en el juicio.

Según el calendario previsto, el lunes comenzará el juicio con el interrogatorio a los dos acusados, el martes prestarán declaración 33 testigos, el miércoles los policías nacionales e inspectores de trabajo implicados en la investigación; el jueves se presentarán informes periciales y la vista finalizará el viernes.