El Parlament balear ha rechazado hoy con los votos del PP una iniciativa del PSIB que pretendía prohibir en las Islas Baleares la técnica del «fracking» o fractura hidráulica, que posibilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo.

Los socialistas querían que se admitiera a trámite su proposición de ley, pero el PP se ha opuesto y ha argumentado que la iniciativa es una «copia literal» de la ley contra el «fracking» de Cantabria, que ha sido recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que invade competencias estatales.

El diputado del PSIB Marc Pons ha defendido la propuesta y ha señalado que el actual modelo energético basado en los recursos fósiles se está agotando, por lo que son necesarias alternativas como incrementar la explotación de energías renovables.

El camino no puede ser buscar «hasta la última gota» de gas y petróleo a través del «fracking», ha defendido Pons, que ha recordado el «no de la sociedad balear» a las extracción de petróleo en el Mediterráneo por el riesgo medioambiental que supone.

Pons ha advertido del «grave riesgo» que supone el «fracking» según concluyen varios estudios de la Unión Europea (UE) y ha aludido a la necesidad de que haya una ley balear que impida tal práctica que supondría la contaminación de acuíferos, un «elevadísimo» consumo de agua, un «gran» impacto paisajístico y la posibilidad de que se registraran pequeños terremotos.

«Son demasiados riesgos para unos beneficios demasiado efímeros», ha considerado Pons, que ha recordado que iniciativas de estas características ya han sido aprobadas en Cataluña, Navarra o Cantabria.

Por parte de MÉS, grupo que se ha abstenido, el diputado David Abril ha señalado que es «absurdo apostar por el fracking» y las energías fósiles y ha subrayado que unas islas son «extremadamente vulnerables» a este tipo de técnicas.

De todos modos, el diputado econacionalista ha argumentado que su grupo se ha abstenido porque la propuesta socialista no incluía que la prohibición del «fracking» marino.

Abril ha aprovechado la ocasión para criticar la postura del ministro de Energía, Industria y Turismo, José Manuel Soria, en favor de las prospecciones petrolíferas en Mediterráneo y se ha mostrado convencido de que, cuando deje el gobierno, será contratado por la empresa Repsol.

El diputado popular Miquel Jaén ha reafirmado la voluntad del PP de «eliminar riesgos innecesarios» en el archipiélago balear como es el «fracking», al tiempo que ha reiterado la oposición de este grupo a las prospecciones petrolíferas.

Sin embargo, Jaén ha apostado por el «seny» para oponerse a la ley de los socialistas porque es una «copia» del texto de Cantabria. Los populares han pedido sin éxito al PSIB que retirara su iniciativa hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto a la ley cántabra del «fracking», algo que el PSIB no ha aceptado, por lo que finalmente su iniciativa ha sido votada y rechazada.

El representante popular ha considerado que no es necesario abrir «un conflicto» con el Estado sobre este asunto y ha dicho que «lo más prudente» es esperar la sentencia del Constitucional.

Pons ha respondido que no es tiempo de «retiradas», sino de «luchar en lo que uno cree y representa», y que el Parlament balear «actúe y se pronuncie».

«Las comunidades autónomas -ha añadido- tienen mucho que decir sobre este tema», ha añadido el diputado menorquín, que ha calificado la negativa del PP de «excusa de mal pagador».

Además, el pleno de hoy también ha rechazado con los votos del PP una moción del PSIB por la que el Parlament se «reafirmaba» en la importancia de preservar las cuotas de autonomía fiscal consolidadas hasta ahora.

La iniciativa rechazaba también la reforma tributaria que plantea el Gobierno central que imposibilitará que las comunidades aprueben nuevos impuestos, tal y como han podido hacer hasta ahora.

La propuesta de los socialistas exigía además un «cambio sustancial» en la política tributaria autonómica con la implantación del impuesto sobre estancias turísticas -la ecotasa- y otro gravamen sobre las instalaciones que inciden en el medioambiente.