Hartazgo de política barata

El caso túnel de Sóller forzó en 1995 la dimisión de Gabriel Cañellas, presidente de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), cargo que venía ejerciendo desde 1983. Me caía bastante bien Cañellas, quizá porque en el Ayuntamiento de Sant Antoni prometió en una ocasión que no se vertería al mar ni una sola gota de agua sin depurar. En marzo de 1989 creó el Institut Balear de Sanetjament (Ibasan) y en 1991 se puso en marcha la Ley reguladora del canon del saneamiento de aguas. El objeto de dicha ley era dotar a nuestra comunidad autónoma de los adecuados mecanismos de financiación de sus actuaciones hidráulicas, garantizando la efectiva implantación de los servicios de depuración de aguas residuales y de abastecimiento de los núcleos urbanos con la finalidad de lograr una adecuada defensa y restauración del medio ambiente de Baleares en el marco institucional y estatutario. Y miren si era importante la ley publicada en el BOCAIB núm. 60 de 24/12/1881, que decía textualmente: “La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española que no sería efectiva sin la oportuna autonomía financiera garantizada por el artículo 156 de la misma Constitución”. Han pasado 20 años desde que Cañellas abandonó la presidencia del Govern balear y aún está sin resolver el problema del abastecimiento de agua en varios municipios de Eivissa, especialmente en Santa Eulària y Sant Josep. Y puesto que desde 1995 han gobernado todos los que son, hay que suspenderlos a todos por haber practicada una política barata. Y el pueblo, sediento.
En cuanto a depuradoras, más de lo mismo en el municipio de Eivissa y en el de Sant Josep. Vergonzoso que no se consiga financiación para construir estaciones modernas con depuración terciaria, con sus correspondientes emisarios submarinos protegidas y enterrados en el fondo marino para que las embarcaciones de recreo de los domingueros no los machaquen. Lo dicho ut supra: política barata.
Sus músicas
Otro fenómeno que embrutece la isla de Eivissa es el de los altos volúmenes musicales, generados en toda clase de establecimientos dedicados al ocio, diurno y nocturno, y me refiero a bares, cafeterías, chiringuitos, beach clubs y grandes superficies hoteleras. Hay locales en varios puntos de la isla que vienen amargando desde hace años la existencia al vecindario, algo que solamente se explica por la permisividad y tolerancia de los respectivos ayuntamientos, que no hacen cumplir ni respetar las ordenanzas aprobadas por la Corporación municipal. Y algo más: tampoco veo que el ‘gran hermano’ [el Estado] haga cumplir la Ley del Ruido publicada en el BOE.
Su Cetis
Hablan los políticos otra vez y con insistencia de la estación Cetis, pero no veo que se preocupen del bienestar de los usuarios del transporte público. Se sabe que desde que el Cetis no se utiliza el transporte público en autobuses ha aumentado, en ciertas líneas, en un 40 por ciento. Será que mucha gente prefiere esperar en la acera y no andar hasta Sa Colomina. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Eivissa y el Consell Insular deberían mejorar, modernizar las paradas existentes en Isidor Macabich y crear otras de nueva planta en la Avenida España. Con buena y visible información sobre frecuencias y horarios e instalando unos entoldados que protejan a los usuarios en todas las estaciones. Unas mejoras, sugiero, que se necesitan aunque algún día se abra otra vez el Cetis. Los usuarios, naturalmente, han de tener siempre el derecho a subir y bajar del bus en todas sus paradas y sin necesidad de andar largas distancias para llegar a la mal planteada estación central. Dejen de practicar política barata y sean más pragmáticos.