La moción, presentada por el concejal Vicent Ferrer (ExC), urgía al consistorio a hacer cumplir los acuerdos plenarios alcanzados sobre la reforma del puerto y a iniciar los trámites para que el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado modificaran la cualificación del puerto de Eivissa y así dejara de estar considerado de interés general.
Sobre este último punto, la alcaldesa Virginia Marí matizó que «esperaría a que lo arreglen, porque sino nos lo devolverán sin arreglar».
Impedir el acceso
Un tercer punto presentado por Ferrer invitaba al consistorio obstaculizar las obras, impidiendo, por ejemplo, el acceso a camiones y maquinaria, pero este punto encontró la sólida oposición del resto de grupos, a excepción del PREF, el único que secundó las medidas de fuerza. «Líela, que le irá bien al Puerto de Eivissa», dijo Ignacio Rodrigo mirando a la alcaldesa.
Por otro lado, Rodrigo propuso que el Ayuntamiento promoviera una recaudación ciudadana, con supervisión de la Alianza Mar Blava, que recogiera la idea del gerente del Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad para reunir los 410.000 euros que se estima debieran servir para indemnizar a las compañías petrolíferas por abandonar sus proyectos en aguas baleares.
Sin embargo, ningún otro grupo apoyó la moción, aunque tanto Lina Sansano como Lourdes Costa manifestaron estar a favor del fondo de la propuesta pero no de su forma, que tildaron de «ridícula».
Tampoco se aprobó una propuesta de EPIC para que el consistorio se personara como parte perjudicada en el proceso judical del Cetis.
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