Según han destacado fuentes judiciales, no se considera probado que los imputados obtuvieran beneficios económicos por la contratación publicitaria y asegura que el coste para las arcas municipales hubiera sido menor si se hubiera recurrido al procedimiento de contratación legalmente establecido.
El juez recrimina a Sánchez-Jáuregui que demostrara «una ignorancia y negligencia inexcusable» por la contratación irregular.
Martínez Beneyto ha mostrado su satisfacción por la resolución judicial y ha recordado que, en todo este tiempo, «siempre he mantenido lo que ya aseguré en la Comisión de Investigación y lo único que he tratado después es rehacer mi vida profesional».
El caso se destapó en 2013 al filtrarse la financiación irregular al grupo Prensa Pitiusa, que facturó por una publicidad inexistente. El jefe del gabinete dimitía poco después y presentaba un informe explicando que la alcaldesa adoptó personalmente el acuerdo para pagar 140.000 euros anuales al grupo Prensa Pitiusa. En abril de 2013, la Fiscalía abrió diligencias.
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