«El Gobierno debió informar a Francia e Italia sobre los sondeos»

La plataforma, contraria a las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, señaló que esta es otra «importante irregularidad» en la tramitación de este proyecto. Es por ello que han decidido presentar alegaciones complementarias ante la Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) para dejar constancia de este hecho y recordar que, según establece la normativa europea vigente, España debió enviar a los gobiernos de Francia e Italia la información disponible del proyecto de Seabird.

Por otro lado, la Alianza insiste en que el estudio de impacto ambiental de la promotora de las prospecciones no tomó en consideración el efecto acumulativo de otros proyectos en la misma zona, como los sondeos acústicos de Cairn Energy en el golfo de Valencia o de la empresa Spectrum GeoLimited en la zona noroccidental del mar balear. «No se entiende la falta de rigor con la que está actuando el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria y Turismo en la tramitación de este proyecto, presentado en 2014, dando por bueno un estudio de impacto ambiental anticuado y obsoleto, realizado en 2012, que ni siquiera contempla la totalidad de los proyectos que se están tramitando actualmente en la zona», declaró Diego Ponce, portavoz de la Alianza Mar Blava.

El rorcual, en peligro

En relación al alcance y al impacto de estos sondeos acústicos, el experto Manuel Castellote dijo que «la magnitud espacial de la perturbación de una campaña de estas características genera una afección al hábitat del rorcual común mediterráneo de varios cientos de miles de kilómetros cuadrados, lo que implica que si dos campañas se solapan, aunque sea sólo parcialmente, literalmente media cuenca mediterránea se va a ver afectada acústicamente, al nivel de producir desplazamientos masivos de una proporción elevada de la población».

Desde la Alianza Mar Blava apuntaron que «si se continúa actuando a sabiendas de la injusticia que supone otorgar validez procedimental a unos trámites que no pueden tenerla, se podría incurrir en responsabilidad penal».