Imagen de archivo de pacientes a la espera de ser atendidos en el centro de atención primaria de Vila. | Marco Torres

Según las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, 913 inmigrantes en situación irregular de las Pitiüses podrán volver a ser atendidos en los Centros de Atención Primaria (CAP) y no únicamente en urgencias.

Una medida que organizaciones como la asociación Metges del Món ponen en cuarentena. Según la presidenta de la asociación en Balears, Celsa Andrés, se trata de un «sin sentido» y un «mal parche» porque si no tienen tarjeta sanitaria no están dentro del sistema y no se les pueden recetar medicamentos ni derivarlos a otros especialistas o hacerles pruebas», explicó Andrés, «lo que deberían hacer es derogar el real decreto que les retiró las tarjetas sanitarias y ofrecer a estas personas una situación normalizada dentro del sistema sanitario».

Desde la Conselleria de Sanidad del Govern balear mostraron cautela al respecto. Esperan recibir más información para ver en qué consiste esta medida antes de hacer cualquier valoración, «se aplicará cuando se conozca, esperamos tener más información en breve», apuntaron.

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La presidenta de Metges del Món cree que el único objetivo de esta medida es eliminar la saturación en urgencias que es, hasta ahora, el único lugar donde atendían a inmigrantes sin tarjeta sanitaria.

Sin embargo, la portavoz de la Plataforma por la Convivencia, Alda Yurramendi, asegura que esta medida ni siquiera acabará con la saturación de urgencias: «En Can Misses las urgencias están saturadas porque con los recortes eliminaron personal, no son lo inmigrantes los que saturan las urgencias, los que están en situación irregular ni siquiera van porque pueden estar 10 horas esperando y se apañan yendo a la farmacia», explicó Yurramendi.

Además no sólo los extranjeros en situación irregular carecen de tarjeta sino que hay «una franja de españoles que tampoco la tienen porque han dejado de cotizar y les han quitado la tarjeta», advirtió Alda y explicó que ocurre lo mismo con los españoles que se van más de tres meses fuera a buscar trabajo «cuando vuelven ya no tienen tarjeta sanitaria, y no la consiguen hasta que alguien les contrata». Yurramendi calificó esta medida de «electoralista».