Las empresas Autobuses San Antonio S.A. y Voramar el Gaucho S.L., han presentado mediante su representante legal, un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa en el que se solicita la presentación de documentación relativa a los acuerdos adoptados en el Ayuntamiento de Eivissa en relación a la adjudicación, construcción, modificación del proyecto, cesiones de uso, y subrogación de hipoteca, entre otros, de la infraestructura Cetis.
Las dos empresas, que se han presentado como perjudicadas en la causa penal incoada por la Fiscalía de Eivissa, solicitan también la comparecencia de los técnicos y peritos que informaron sobre los acuerdos adoptados e informes emitidos acerca de este tema.
La Fiscalía inició una investigación penal sobre el Cetis a raíz de unos datos aportados por la formación EPIC, que lidera el concejal Antonio Villalonga, en un exhaustivo informe, donde revelaban que se podrían haber cometido los delitos de prevaricación administrativa, malversación, estafa y fraude a la Administración pública y a los particulares. Hasta 30 personas aparecían en este informe como participantes de todo el proceso, muchos de ellos miembros de los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa de los últimos 13 años.
Fue entonces cuando la fiscal jefe acordó incoar diligencias de investigación penal, e interponer denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Eivissa, para investigar presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, estafa y fraude a la administración pública y a los particulares por parte de determinados funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Eivissa y otras personas aún no identificadas.
El Juzgado de Instrucción 3 de Eivissa, mediante auto aseguró que los hechos que resultaron de las actuaciones practicadas presentaban características que hacían presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa.
El 3 de enero de 2015 las empresas Autobuses San Antonio S.A. y Voramar el Gaucho S.L. se personaron ante el Juzgado de Instrucción número tres de Eivissa en calidad de perjudicados en el proceso iniciado contra el centro de transferencia intermodal, Cetis.
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