El presidente del GEN, Joan Carles Palerm, aseguró que es una «locura» adoptar una medida «tan cara» como el transporte hacia Mallorca y dijo que «cada isla se tiene que hacer cargo de sus residuos y cumplir con el plan director de gestión de residuos, que es «conseguir que no pase ningún residuo al vertedero sin haber sido previamente seleccionado», apuntó Palerm.
Plan director
Según detalló, el plan director prohíbe la incineración en Eivissa y obliga a tener una serie de infraestructuras desde 2005, como la planta de selección y la planta de compostaje. «Vamos con retraso porque ya tendría que haber en las calles contenedores marrones para recoger la materia orgánica y convertirla en compost», explicó Palerm, que señaló que de esta forma «se reduciría el 50% del volumen de residuos de la isla».
El ecologista apuntó que en Mallorca «tienen un problema económico brutal» porque «se equivocaron al hacer una ampliación innecesaria» de la incineradora, pero que las Pitiüses «no tienen que solucionar su problema» y que «la solución más lógica, que implica menos consumo y menos problemas de transporte es cumplir lo que dice el plan director».
Además, apuntó que también se tiene que incrementar el reciclaje, aunque apuntó que para eso hacen falta las nuevas infraestructuras. En este sentido, aseguró que los ciudadanos «no pueden reciclar mucho más porque la estación de transferencia de residuos no podría asumir un incremento importante». Según recuerda Palerm, se trata de una estación temporal que «tenía que estar tres años y lleva doce» por lo que está trabajando «por encima de sus posibilidades».
El conseller de Medi Ambient, Miguel Vericard, ya anunció que el transporte de la basura a Son Reus «es la última opción» y que la política del nuevo equipo de gobierno no contempla incinerar los residuos y va encaminada a la reducción de la generación de residuos con el reciclaje y el aprovechamiento». Según un estudio realizado en 2009 por el Consell d’Eivissa, transportar las basuras a Mallorca costaría más de 11 millones de euros al año, pasando de los 34 euros anuales por tonelada a 200, lo que repercutiría en el bolsillo de los ibicencos.
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