Imagen del pleno del ayuntamiento de Sant Joan de la noche de ayer. Foto: D. O.

El ayuntamiento de Sant Joan celebró ayer una sesión plenaria de carácter extraordinario en la que se aprobó por unanimidad una propuesta de la alcaldía para solicitar al Govern Balear un aumento de su financiación en 84.500 euros a través de los fondos de cooperación municipal.

Asimismo, los grupos municipales votaron todos en favor de una moción presentada por el PP para pedir al Govern que del total de la financiación autonómica que se destine a la promoción del turismo en Baleares, al menos, se destine un 20% del impuesto de turismo sostenible como mínimo para la isla de Eivissa.

Otro de los asuntos tratados aprobado con la unanimidad de todos los grupos políticos fue una moción presentada por el PSOE proponiendo diversas actuaciones para mejorar el estado de algunas carreteras. En esta propuesta realizada por los socialistas se instó a mejorar la señalización de curvas peligrosas, la incorporación de guardarraíles y barreras de protección, mejoras en el pavimento, aplicación de antideslizante y la limpieza de la maleza que se acumula en los arcenes, entre otras intervenciones, así como la eliminación de distintos puntos negros en algunas de ellas, como es el caso de la vías que unen Sant Llorenç y Sant Carles, Benirrás y Sant Joan, Benirrás y Sant Mique o el cruce de Can Curuneu a Benirrás. Además, dadas las dificultades técnicas y económicas del ayuntamiento para hacer frente al mantenimiento de determinadas vías, se aprobó con la conformidad de todos los grupos añadir a esa moción dos puntos propuestos por el PP en relación a que aquellas carreteras de carácter supramunicipal que unan dos municipios pasen a ser catalogadas por el Consell de Eivissa con unas directrices y unos criterios técnicos comunes para que se puedan unificar las actuaciones que se vayan a realizar en dichas calzadas.

Del mismo modo, entre otros asuntos debatidos, los grupos dieron luz verde a una moción de carácter social, presentada por Guanyem, en la que se solicitaba al ayuntamiento la elaboración de un reglamento municipal que rija las bases de los concursos para la contratación de obras y servicios públicos teniendo en cuenta una serie de clausulas en los que imperen criterios medioambientales y la incorporación laboral de personas del municipio en riesgo de exclusión social o con algún tipo de minusvalía física.