Thomàs presidirá la comisión de investigación de las carreteras de Ibiza, que se prevé pública

La mesa tiene ahora 48 horas para convocar una reunión de la comisión, donde se decidirá si será privada o pública, a favor de lo cual se han manifestado todos los grupos parlamentarios, y en la que se espera establecer un calendario de trabajo.

La elección de Thomàs no ha sido unánime, ya que el PP presentó a Antonio Gómez como candidato, que finalmente será vicepresidente, y Podemos a Salvador Aguilera, por ser de Ibiza, que será el secretario de la comisión.

El socialista ha contado con el apoyo de MÉS que ha hecho uso del «voto útil» ante la posibilidad de que el PP presidiera la mesa, ha apuntado el portavoz del grupo parlamentario econacionalista, David Abril, quien ha criticado esta falta de consenso.

Abril ha expresado su satisfacción por la constitución de esta comisión que prevé investigar la construcción de las carreteras de Ibiza durante la legislatura 2003-2007, que supone «la segunda mayor hipoteca» que tiene la comunidad balear.

MÉS y Podemos presentaron la iniciativa de esta comisión de investigación que contó en el pleno con el apoyo del PSIB, Gent per Formentera y Ciudadanos, el voto en contra del PP y la abstención del PI.

Según los econacionalistas y los «podemitas», estas carreteras, que contaban con un presupuesto inicial de 8,5 millones, costaron finalmente 150 millones de euros, y supondrán 800 en total tras pagar durante 20 años el canon o «peaje a la sombra», como ha destacado el diputado de Podemos Aitor Morrás.

Por ello, Morrás ha expresado también su satisfacción por la conformación de la comisión, ya que servirá para depurar responsabilidades políticas por este sobrecoste.

Los grupos políticos esperan comenzar a trabajar cuanto antes y establecer las primeras comparecencias para la primera quincena de septiembre, ha señalado Morrás, para quien la comisión debe ser pública para que puedan asistir la prensa y cualquier persona que quiera conocer qué ocurrió con las autopistas de Ibiza.

Por su parte, Thomàs ha deseado que la comisión se reúna este mismo mes tras la conformación de la mesa, mientras ha indicado que su partido «no se opondrá» a que sea pública.

«Lo positivo sería llegar a un plan de trabajo que tuviera un máximo de consenso, decidir cuánto tiempo debe durar la comisión», y comenzar a planificar las comparecencias para septiembre, ha añadido.

La comisión no permanente «no es un tribunal» sino «un espacio político», en la que si «si surge cualquier información constitutiva de delito se deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial», ha señalado Thomàs.

Para el diputado del PP Miquel Jerez, la comisión «es una pérdida de tiempo y de dinero público», ya que tiene «una finalidad política» con el fin de correr «una cortina de humo» a la acción del Govern.

Jerez ha criticado que MÉS y Podemos hayan elegido «la vía política» y no la judicial ni hayan esperado a la creación de la Oficina Anticorrupción para abordar este asunto.

No obstante, ha dicho, su partido «estará a la altura de su responsabilidad» como grupo mayoritario en el Parlament y participará activamente de la comisión, que el PP apoyará sea pública, como ya lo hizo con la de Son Espases.