Sergún el Ministerio de Justicia, las nuevas plazas se destinan a la creación de los juzgados de primera instancia y mercantil. Además, se transforma el Juzgado de lo Penal nº 9 de Palma de Mallorca en Juzgado de lo Social nº 5.
Para la creación de nuevos órganos judiciales en las Illes Balears, han apuntado, se han atendido peticiones de la comunidad autónoma en cuanto al volumen actual de cargas de trabajo de los juzgados. Por esta razón se ha priorizado la creación de un quinto juzgado de primera instancia e instrucción en Ibiza y de un nuevo juzgado de lo mercantil en Palma de Mallorca, que contará además con otro juzgado de lo social.
El Real Decreto aprobado este viernes autoriza la creación de un total de 93 juzgados a nivel nacional. Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, con este casi centenar de nuevos juzgados se garantizará a los ciudadanos «la efectiva protección de sus derechos», ya que se logrará dar una respuesta «de carácter estructural» a las necesidades generadas por una mayor carga de trabajo en determinadas zonas de España.
En concreto, se establecen 46 juzgados de primera instancia, 21 de primera instancia e instrucción, cinco de lo penal, uno de lo contencioso-administrativo, siete de lo social, uno de vigilancia penitenciaria y seis juzgados de lo mercantil. Además, se dotan dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid en dos secciones especializadas en materia de familia.
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid son las regiones en las que más juzgados se han creado. Dentro de estas 93 plazas hay que contar la transformación de cuatro juzgados en Córdoba, Palma, Torrevieja (Alicante) y Murcia con el mismo fin y para «ofrecer una mejor optimización de recursos materiales y personal».
A estas nuevas plazas hay que sumar las 16 de magistrado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo para hacer efectiva la segunda instancia penal. De este modo la creación total para el año 2017 asciende a un total de 109 unidades.
La asignación de estas plazas se realizaron conforme a la previsión de la carga de trabajo en las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Así, seis plazas fueron para el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; tres para el TSJ de Cataluña; una para el TSJ de la Comunidad Valenciana y las restantes para la Comunidad de Madrid.
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