El propietario del conocido como ‘chalé patera’, Agustín Sales, presentó el pasado miércoles un recurso de reposición a la orden de derribo del Ayuntamiento de Sant Antoni por las construcciones construidas ilegalmente en su domicilio. Según informó ayer el Consistorio, los técnicos municipales tienen ahora un mes de plazo para responder las alegaciones presentadas por Sales, entre las que se encuentra un estudio técnico que sostiene que en su vivienda caben hasta 55 personas, pese a que él ha sido capaz de hospedar hasta 104.
En cuanto a las obras ilegales llevadas a cabo en esta vivienda y la multa de un millón de euros decretada por el Ayuntamiento de Sant Antoni, Sales sostiene que está «prescrita» y es «insignificante» si se compara «con las cientos y cientos de barbaridades que se han cometido y se siguen cometiendo en esta isla».
Esta semana, Sales cargó contra el Ayuntamiento de Sant Antoni, el Consell d’Eivissa y los medios de comunicación que, según su opinión, se hicieron eco de este asunto «para intentar acabar con una actividad legal y de tremendo interés para los ciudadanos y con la economía de una familia que no hace más que trabajar al servicio de esta comunidad».
El propietario de este chalé también criticó al Consell por haberle abierto un expediente por actividad turística «cuando aquí nunca ha entrado un turista» y sostiene que se ha llevado a cabo un «despliegue de fuerzas inaudito y nunca visto en esta isla para intentar derribar una vivienda preparada para albergar la cantidad de personas que la ocupan en unas condiciones envidiables comparadas con las que vienen, en general, los temporeros».
El propietario del ‘chalé patera’, que quiere que se la nombre como «la casa de los trabajadores», reconoció en un comunicado que entre 2002 y 2005 llevó a cabo una ampliación de la vivienda «de unos 180 m² sin permiso de obras», pero que estos trabajos «entran dentro de los parámetros urbanísticos, han prescrito y estamos acabando un proyecto de legalización». También admite haber añadido «unas estructuras ligeras y toldos que exceden en ocupación a los permitidos» que, no obstante, «no deberían considerarse como obra, pues son fácilmente desmontables y están en el exterior de la vivienda».
Sales ha pedido al Ayuntamiento de Sant Antoni y al Consell que «reconsideren su postura» y «pongan todo su esfuerzo en conservar esta casa, legalizando lo que se deba legalizar, salvar todo lo que se pueda salvar y mandado derribar lo que sea insalvable, con objetividad, espíritu constructivo y responsabilidad política hacia sus ciudadanos» e invita al presidente insular y al alcalde a visitar la vivienda «para que puedan ver en persona las condiciones en las que aquí se vive».
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