Tres años de desencuentros continuos entre los socios de gobierno del Consell

La problemática de las viviendas turísticas ya provocó en abril de 2016 los primeros desencuentros entre los socios de gobierno. En aquella ocasión Podem–Guanyem (esta vez en bloque), votaran junto al PP para reclamar al Govern balear que mantuviera la prohibición total de los pisos turísticos en la isla de Ibiza. Una petición a la que los consellers del PSOE no se sumaron en vistas a que el Govern preparaba su regulación. «Quizás hay alguna cuestión en esta hoja de ruta que no les parecía bien, habría que preguntárselo a ellos», señaló Vicent Torres al finalizar aquel pleno.

Una sesión en la que Podem–Guanyem también se desmarcó a la hora de aprobar el convenio firmado por Consell d’Eivissa y Ayuntamiento de Eivissa para abrir la estación de autobuses Cetis. Viviana de Sans justificó la abstención de su grupo porque el convenio «es mejorable» y supone «un alto coste» para la máxima institución insular, además de que «no nos gusta su ubicación ni su diseño».

La aprobación del Plan Director Sectorial de Carreteras también supuso un nuevo encontronazo entre los socios del equipo de gobierno. La consellera de Mobilitat, la socialista Pepa Marí, salvó este proyecto gracias a los votos de los consellers del PP ya que sus socios de Podem–Guanyem votaron en contra porque «es un plan marca PP que prevé una autovía de cuatro carriles hasta Santa Eulària y que se basa en un crecimiento continuo de vehículos, es lo peor que se le puede hacer a nuestra isla», según Viviana de Sans.

Podemitas y ‘guanyemistas’ también se desmarcaron de sus socios de gobierno a la hora de instar al Gobierno a que firmara la construcción de la nueva depuradora de Vila, una propuesta que contó con el respaldo del PP. «Es inaceptable doblegarnos ante este proyecto que supone un paso más en la destrucción de nuestro territorio», aseguró entonces De Sans.

Este mismo mes, la polémica por el veto al tenor Joan Carles Rodríguez por sus críticas a la concejala socialista Aída Alcaraz también provocaron las críticas de Podemos. «La libertad de expresión es sagrada. Independientemente de que se pueda discrepar o no con las opiniones políticas de este señor, ello no puede suponer ningún veto para una actuación máxime cuando ésta ya había sido contratada por parte del Consell», señaló la formación morada en un comunicado.