Pablo Valdés. | Marcelo Sastre

El Partido Popular presentó ayer una moción de control en el pleno de Sant Antoni para pedir explicaciones al equipo de gobierno sobre el chiringuito de Cala Gració. Y es que, según dijeron, si el Ayuntamiento hubiera emitido un informe desfavorable «no hubiese seguido adelante» su instalación.

En este sentido, criticaron al tripartito por desmarcarse de la problemática y tildaron de «grave» el hecho de que el expediente se tramitara por vía de urgencia. «Si ellos dicen que tenían que dar los informes favorables a Costas, ¿por qué no hicieron constar que el equipo de gobierno estaba en contra de esta instalación?», remarcó el popular Marcos Serra.

Según explicó Cristina Ribas, concejala de Urbanismo, el Consistorio ha actuado en función de los informes «que consideraban que no había motivos para impedir su instalación». Aún así, señaló que existen «nuevos informes» que desaconsejan su apertura.

Tanto ella como el alcalde del municipio, Josep Tur ‘Cires’ dijeron que el proyecto no les «agrada» y confían en que el polémico chiringuito no abra sus puertas. «Tenemos informes contradictorios, unos favorables y otros que no lo son, por técnicos diferentes. Los servicios jurídicos de la casa los están estudiando y es posible que recomienden pedir asesoramiento externo», explicó ‘Cires’.

En la misma línea, argumentó que el Ayuntamiento «hará lo legalmente posible» para desmantelarlo.

Contradicciones

El Partido Popular también quiso recordar al Ayuntamiento la campaña en «defensa» de Cala Gració que hicieron justo antes de las elecciones y que no han cumplido con el permiso que Pablo Valdés, concejal de Medi Ambient, ha firmado favorablemente y que, junto con el del Govern balear, ha permitido la instalación del quiosco.

Noticias relacionadas

«No podía haberlo hecho de otro modo porque esto no es una cuestión política, es técnica», señaló Valdés quien advirtió de que, en caso de denegar su instalación, se podría haber incurrido en «prevaricación».

Además, quiso contestar al PP y explicó que «nos manifestábamos contra la modificación del planeamiento municipal que iba a hacer que esa zona pasara de rústica a urbana. Si el PP siguiera gobernando no habría discusión con el chiringuito porque sería legalmente posible».

El concejal también mostró su deseo de «frenar» la instalación del establecimiento y dijo que se están «buscando» los informes que avalen esta postura para poder hacerlo «con todas las de la ley».

De hecho, el equipo de gobierno volvió a culpar a Costas de la autorización ya que, según dijeron, «en los supuestos que tasa la propia ley de Costas no entraba ninguno para denegarlo».

Aún así, Valdés reconoció que confiaban en que hubiese habido un informe posterior de Territorio que hiciera hincapié en la naturaleza rústica del suelo. «Esto parece que no se ha tenido en cuenta y es lo que da pie a que ahora estemos estudiando la situación», puntualizó.

Para los populares todo es palabrería barata porque «todo» está concedido. «Tienen licencia de actividad y no vemos que, sin tener que indemnizar a los propietarios, se pueda echar para atrás», remarcó Serra.

Por su parte, el primer edil destacó que «aún es pronto» para hablar de indemnizaciones aunque dejó caer que no serán necesarias. «Claro que no van a ser necesarias porque este chiringuito se va a abrir en breve», dijo el popular.

Por el momento, el propietario no ha presentado la documentación requerida por el Ayuntamiento (el certificado de final de obra) aunque todavía está en el plazo de 10 días hábiles. «Si todo se ajusta a la ley tendremos que cumplirla, pero por lo que veo puede haber situaciones en las que no lo haga», añadió.