Francina Armengol saludando ayer al alcalde de Sant Josep de sa Talaia. | Arguiñe Escandón

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La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, negó ayer que la aprobación de la conocida como enmiendaMatutes’ a la Ley de Urbanismo pueda traducirse en elevadas indemnizaciones.

Armengol mostró su «total seguridad y confianza jurídica» en que esta aprobación no tendrá consecuencias de indemnizaciones futuras, a pesar de que el empresario Abel Matutes avisó de que pensaba acudir a la Justicia si se modificaba dicha normativa.

La presidenta contestó en Ibiza al Partido Popular, que ha responsabilizado a Armengol tras conocerse que el Govern deberá pagar 17,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones por la desclasificación de Roca Llisa. «El PP está en complicaciones. Son unas desclasificaciones que se hicieron en otro momento, hubo recursos y sentencias», explicó.

«Cuando corresponda, si es que corresponde, y acaben los procesos que están a nivel judicial», dijo Armengol, «se asumirán estas indemnizaciones con el fondo de contingencia del Govern», concluyó.

Tras conocerse tres sentencias del Tribunal Supremo que obligan al Govern balear a pagar 17,5 millones de euros por la desclasificación de terrenos en Roca Llisa, el PP no tardó en culpar a Armengol. «La izquierda ideológica que aprobó la modificación de la ley es la misma que tenemos hoy. Francina Armengol también votó entonces a favor, por lo que no mire hacia otro lado y asuma las consecuencias y las responsabilidades políticas que de todo esto se deriven», apuntó el diputado popular Miquel Jerez.

Para el parlamentario ibicenco, estas indemnizaciones millonarias son consecuencia «de una izquierda extremadamente ideológica que es capaz de apropiarse de los derechos de la gente y pagarlos a cualquier precio con el dinero de todos». Miquel Jerez añadió que el pago de grandes cantidades «se veía venir. Han preferido despilfarrar a manos llenas que hacer caso a lo que les decíamos desde el PP; estaban advertidos», e insistió en que «es muy fácil pagar indemnizaciones con el dinero de los demás y además no asumir ninguna responsabilidad política. Estos diecisiete millones y medio habrá que pagarlos y serán muy difíciles de recuperar».