El Consell de Govern autorizó ayer a la Conselleria de Territori a satisfacer las indemnizaciones por un importe de 17,08 millones de euros que la administración autonómica ha sido condenada a pagar por cuatro sentencias firmes de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
Concretamente se trata de las sentencias 271/2016, 273/2016, 270/2016 y 269/2016, dictadas a consecuencia de la desclasificación urbanística de terrenos a raíz de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, del 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en Baleares.
Las sentencias se pronuncian contra las peticiones de desestimación presunta de las solicitudes de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios producidos por la clasificación como suelo rústico protegido de terrenos situados en el barrio de Roca Llisa, en el término municipal de Santa Eulària.
Estas sentencias afectan a unos terrenos que tenían clasificaciones urbanísticas desde el año 2004, incluyendo residencial unifamiliar y comercial, entre otros.
A estos 17 millones de euros hay que a sumar los 87,6 que se aprobaron en el Consell de Govern de la pasada semana en concepto de indemnización por la protección de Punta Pedrera en Sant Josep.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.