La consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, no defendió en el pleno el pago de las facturas a Amadiba. | DANIEL ESPINOSA

El equipo de gobierno del Consell d’Eivissa llevó al pleno de ayer de forma urgente el pago de 14 facturas por un valor total de 150.000 euros a la entidad Amadiba por servicios contratados de manera irregular. Una cantidad que se suma a los 63.000 euros cuyo pago a la misma entidad social se aprobó en el pleno del mes de octubre del año pasado. «Es lo mismo de otras veces: hay un oficio del interventor que dice que no se han seguido los trámites establecidos y un informe técnico-jurídico que justifica por qué hay que pagar esto. Todos tenemos claro que hay que proteger siempre a las personas con más necesidades», justificó el conseller de Economia i Hisenda, Gonzalo Juan, que defendió la propuesta a pesar de que se trataba de un asunto de Benestar Social, cuya responsable es la podemita Lydia Jurado.

Desde el Partido Popular culparon al equipo de gobierno de «no hacer las cosas como toca». Su portavoz, Mariano Juan, aseguró que «es lamentable que las asociaciones que hacen un trabajo encomiable y necesario cobren con siete u ocho meses de retraso. Pero este no es un problema de Amadiba, que hacen muy bien su trabajo, sino de ustedes que no hacen bien su trabajo. Somos conscientes que hay que pagar porque si no nos demandarán por enriquecimiento ilícito, pero es una obviedad que ustedes no hacen las cosas como toca».
Juan leyó parte del informe de Intervención que señala que la Ley de Contratación del Sector Público «prohíbe la contratación verbal salvo que tenga carácter de emergencia. La excepcionalidad no está justificada en el expediente puesto que no se trata de un contrato que reúna los requisitos para dictar la emergencia del mismo».

La interventora del Consell también destaca en su informe la existencia de un «fraccionamiento ilícito del contrato» y añade que «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la contratación del servicio de asistencia diurna de menores discapacitados, por lo que procedería declarar la nulidad del procedimiento».

«Amadiba tiene que cobrar, levanten la mano si quieren pero creo que tal vez sería mejor que les demandaran por enriquecimiento ilícito porque ustedes están incumpliendo la normativa, no hacen las cosas como toca», justificó el popular Mariano Juan.

Por su parte, el socialista Gonzalo Juan avanzó que «estos expedientes ya están en Contratación y próximamente saldrán como Dios manda».