CSIF y trabajadores denunciaron las condiciones en las que se trabaja en las dependencias del Consell.

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El Colegio de Abogados instó ayer a los poderes públicos a «fijar como prioridad absoluta la búsqueda de soluciones a la situación del partido judicial de Ibiza» ya que las condiciones actuales «suponen un retraso intolerable en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a todo ciudadano y en su derecho a una justicia rápida».

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados expresó en un comunicado la «enorme preocupación de la abogacía balear por la situación que, desde hace más de cuatro meses, se vive en el partido judicial de Ibiza».

La madrugada del 21 de enero un incendio provocado dejó inoperativos los juzgados de Isidor Macabich. 24 horas después el Consejo General del Poder Judicial decretó la suspensión general en la tramitación de procedimientos judiciales, un acuerdo que aún está vigente en la mayor parte de los juzgados afectados.

Tal y como avanzó Periódico de Ibiza y Formentera el pasado 28 de abril, los juzgados de lo Penal ya acumulan más de 300 causas suspendidas en los últimos meses y los aplazamientos se suceden.

Ante esta tesitura, la Junta de Gobierno considera que «la reanudación de la actividad judicial de los juzgados afectados por el incendio y la normalización de la administración de Justicia en Ibiza constituyen una necesidad imperiosa, máxime cuando se ha iniciado ya la temporada turística, periodo que conlleva un notable aumento poblacional y un incremento de los casos con posible incidencia penal», subrayan desde el Colegio de Abogados.

Ante este panorama, instan a los poderes públicos a «facilitar que jueces, fiscales, abogados, letrados de la administración de Justicia y funcionarios puedan desarrollar sus respectivos cometidos en las debidas condiciones».

La Junta de Gobierno advierte que «la provisionalidad en la reubicación de los órganos judiciales que se vieron afectados por el siniestro, aún siendo excepcional por responder a una situación extraordinaria, se alarga demasiado en el tiempo y no es la que merecen ni los ciudadanos que residen en las islas, ni los visitantes, ni por supuesto, los abogados, jueces, letrados de la administración de justicia, fiscales y el personal al servicio de la administración judicial, colectivos que se ven obligados a trabajar o comparecer en unas condiciones impropias de una Justicia del siglo XXI».

Pendientes del nuevo juzgado
El Colegio de Abogados se suma a las reclamaciones que vienen realizando desde hace tiempo el sindicato CSIF y numerosos operadores judiciales, que advierten que se avecina un «caótico y angustioso verano» ya que el nuevo edificio judicial de sa Graduada no estará operativo hasta otoño.

El pasado miércoles, una delegación de Justicia visitó las instalaciones provisionales donde se ubican los diferentes órganos judiciales en las torres 1, 6 y 7 del Cetis, el Consell y Gaspar Puig.

Tras la visita, el director insular del Estado en las Pitiusas, Enrique Sánchez, apuntó que la obra de sa Graduada se recepcionará este mes, pero después hay que dotar e instalar las equipaciones, «lo que supondrá otros plazos».