El 15 de junio Alejandra Ferrer (GxF) y Ana Juan (PSOE) rubricaron ‘in extremis’ un acuerdo para gobernar el Consell de Formentera. Atrás, Susana Labrador (GxF) y Rafa Ramírez (PSOE).

Uno se va de fuera unos pocos días de vacaciones y al regresar se encuentra con que al sólido y firme pacto de gobierno que parecía haber en el Consell de Formentera entre Gent per Formentera y el PSOE, le salen unas grietas que dan miedo. No pretendo resultar alarmista, pero es lo que se desprende del comunicado de prensa difundido por GxF el pasado martes, cuando acusa al representante del sindicato UGT de “prestarse al juego político y hacer seguidismo de los intereses de un solo partido progresista en Formentera”. Se refiere, claro está, al PSOE, su socio de gobierno. Blanco y en botella. Dado que acusa al sindicalista de tener un interés político en desacreditar a la formación insular que gobernó la Pitiusa del sur con mayoría absoluta la pasada legislatura, hay que deducir que responsabiliza de ello a los socialistas, pues UGT hace “seguidismo”… Desde luego, las acusaciones son de calado y lo corrobora el hecho de que desde el PSOE no se ha querido responder por más que se les ha preguntado por la cuestión. Mejor mirar para otro lado en bien de la coalición de gobierno, pero esa estrategia es absurda cuando las grietas en la pared son tan grandes y pueden llegar a amenazar la estabilidad del edificio que tan precariamente levantaron ambas formaciones tras las elecciones del 26 de mayo.

Sentencia. Pretende GxF que un comunicado de prensa con su logotipo en el encabezamiento goce de mayor credibilidad que una sentencia de un juzgado, lo cual es un esfuerzo bastante inútil. Está muy bien explicar que el Consell de Formentera que ellos gobernaban de forma despótica y en numerosas ocasiones con consciente desprecio de las normas legales, no ha sido condenado por vulnerar el derecho constitucional a la libertad sindical ni a la tutela judicial, pero sí por vulnerar el acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad que garantiza el artículo 23,2 de la Constitución. Y es cierto que la sentencia no es firme, pero también lo es que este pronunciamiento judicial constata que se apartó al delegado sindical de su puesto de trabajo por las bravas, sin respetar el procedimiento y sin instruir siquiera un expediente. Vamos, sin tan solo guardar las apariencias. Así se las gastaba Isidor Torres, el entonces gerente de la institución, felizmente apartado de la gestión pública. Pero lo que no se alcanza a comprender es por qué GxF responsabiliza al PSOE de lo que hace un sindicalista de UGT. Ellos sabrán.

En Podemos ya son monárquicos. No me quiero imaginar la cara de Gloria Santiago, la vicepresidenta del Parlament por la cuota de Podemos, al escuchar la propuesta de su amado líder, Pablo Iglesias, pidiendo la mediación del Rey para que haya un gobierno de coalición. Ella, que se quitó el traje de súbdita y le molesta el retrato del jefe del Estado que hay en su despacho (porque así lo establece la Ley), y va su secretario general y pide la interención real para que su partido entre en el Consejo de Ministros que presida Pedro Sánchez. De traca.

Feliz domingo.