Entrada principal del Centro Penitenciario de Ibiza. | ARCHIVO

El Centro Penitenciario (CP) de Ibiza no dispone de personal suficiente para atender las necesidades del módulo de mujeres y solo posee un único departamento residencial destinado a ellas, según se desprende del último informe anual del Defensor del Pueblo en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención para la Supervisión de lugares de privación de la libertad en España de acuerdo con el Protocolo de la convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También fueron inspeccionados dentro de este estudio el Puesto Principal de la Guardia Civil en Sant Antoni y la Comisaría Local de la Policía Nacional en Ibiza.

En el momento en que se realizaron las inspecciones sin previo aviso, entre el 26 y el 28 de febrero de 2018, por dos técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y un técnico del área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo (en los casos de la cárcel y de la dependencia de Sant Antoni) se midieron y observaron diferentes parámetros para determinar el trato que se le da a los internos y personas privadas de la libertad en dichos recintos.

La realidad ibicenca
Tras las deficiencias observadas el informe sugiere al CP ibicenco «adoptar medidas que permitan una adecuada separación de las mujeres del establecimiento, evitando situaciones de discriminación ante la falta de espacio», aunque no ha recibido respuesta por parte de esta institución. Con respecto a este hecho el escrito manifiesta que «al existir un solo módulo de mujeres, se hacían inviables los criterios de separación previstos con carácter general en la legislación penitenciaria. Aunque se informó de que el módulo tiene la consideración de «módulo de respeto», lo cierto es que todas las internas se encuentran en él, por lo que se hace difícil hablar de criterios de separación», destaca el informe.

Los internos
Además, este centro penitenciario suspende en otros aspectos importantes: todavía cuenta con celdas colectivas -frecuentemente ocupadas por tres internos-, la falta de talleres productivos o que el acceso destinado a los bomberos desde el exterior es demasiado estrecho para que puedan pasar los vehículos de emergencias. Por otro lado, este estudio que intenta prevenir la tortura y los tratos inhumanos refleja que en esta institución «desde su apertura no se ha realizado ninguna anotación en el libro de registro de quejas por presuntos malos tratos», que los funcionarios no han recibido formación en inmovilización mecánica, que una de las dos celdas utilizadas para realizar sujeciones mecánicas no dispone de videovigilancia y que el periodo de conservación de imágenes es escaso ya que solo se guardan cuatro días. Además señaló como irregularidad que cuando se trata de autolesiones no se cumplimentan los partes de lesiones, que los internos no disponen de Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria y encuentran dificultades para poder cursar estudios superiores a distancia.

Los menores
El Defensor del Pueblo ha indicado tras la visita realizada al Puesto Principal de la Guardia Civil en Sant Antoni que, en ese momento permanecía detenido en esas dependencias un menor de 15 años que iba a pernoctar allí a la espera de ser trasladado a la Fiscalía de Palma de Mallorca a la mañana siguiente por no haber habilitado un sistema de videoconferencia, que evite este tipo de traslados y el hecho asociado de tener que pasar la noche en el calabozo por este motivo. Por esto, el fiscal General del Estado traslada un informe del Fiscal de Sala Coordinador de Menores sobre las dificultades de proceder con respecto a los menores detenidos en Ibiza, Menorca y Formentera que suponen su traslado a Mallorca al estar allí su sede y los años que lleva pidiendo la creación de un centro de internamiento en Ibiza debido al ratio de menores de la isla que lo necesitan. Ante esto el Defensor del Pueblo ve necesario requerir información a la Consejería correspondiente sobre las previsiones para crear un centro de internamiento de menores «infractores» en Ibiza para el cumplimiento de la privación de la libertad ya sea de forma cautelar o definitiva.

EL APUNTE

La Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza y el cuartel de la Guardia Civil de Sant Antoni bajo la lupa

La Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza y el Puesto Principal de la Guardia Civil en Sant Antoni también fueron inspeccionados en el marco de este informe. Ambos centros suspendieron en aspectos como la identificación de los agentes, la cumplimentación del libro de registro y el completo registro de la cadena de custodia.

Al recinto de Vila se le señaló que debe implementar sistemas sonoros de llamada desde los calabozos y mejorar la cobertura de la videovigilancia, la ventilación y la información que proporciona a los detenidos de los elementos esenciales de su detención. Por su parte, el cuartel de Sant Antoni debe mejorar la separación de menores y adultos con celdas específicas, el acceso y conducción de los detenidos a los calabozos para preservar su derecho al honor y garantizar la grabación permanente de las imágenes de videovigilancia.