Los arquitectos pitiusos salen así al paso del debate que se produjo este martes pasado en el Parlament en el que el PP pedía que se eliminaran las cédulas de habitabilidad porque, precisamente, afirmaron que había duplicidades con otras normativas, mientras el conseller Marc Pons afirmó que el Govern no tiene intención de suprimirlas.
Los arquitectos pitiusos explicaron que las administraciones «deben cumplir los tiempos de tramitación y dotar de los medios necesarios en todos los niveles». En este sentido recalcaron que en Ibiza la concesión de la cédula de habitabilidad se «dilata un año, mientras que en la isla de Mallorca el mismo trámite queda resuelto entre cinco y diez días». «Así como los ciudadanos deben cumplir con las leyes, decretos y normas pues si no el peso de la ley les puede recaer encima, solicitamos a las administraciones que cumplan con sus obligaciones de servir al demandado», precisaron.
Afirmaron, además, que el COAIB está revisando el decreto de habitabilidad, donde están incluidas las cédulas de habitabilidad. «No debe confundirse la necesidad y revisión de un decreto de habitabilidad que garantice que las viviendas en Balears sean cada vez mejores, con mayor calidad arquitectónica en cuanto a habitabilidad, con el hecho de que la administración solicite una cédula de habitabilidad», apuntaron. Así, afirman que la calidad habitable de un inmueble queda garantizada con este decreto, que incluye «primero una licencia, posteriormente una ejecución de obras con un arquitecto y aparejador y que finalizará con un certificado de final de obra y habitabilidad. Este certificado sólo se obtiene una vez superada la visita por el técnico del Ayuntamiento en cuestión, que deberá comprobar que la construcción cumple con el proyecto aprobado.
Sumado a todo lo anterior, el Ayuntamiento expedirá un certificado de primera ocupación que nuevamente garantiza todo el proceso». Y exponen a modo de ejemplo que en Ibiza, una vez se obtiene el final de obra, se debe esperar un año para tener el certificado de final de obra, «pero al requerirse este documento con una antigüedad máxima de seis meses, el Consell pide un nuevo final de obra actualizado, lo cual supone que el Consistorio debe regresar al inmueble para certificar, una vez más, que todo se ajusta al proyecto con licencia. Lo que aumenta, retrasa y complica un trámite que debería ser, efectivamente, un puro trámite.
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Si los ciudadanos deben cumplir las normas y si no son sancionados, la administración debe cumplir las que a ellos les afectan y si no ... si no ..... si nooooo ..... yo qué se?