El gobierno del Consell d’Eivissa, formado por PP y Ciudadanos, está decidido a llevar las irregularidades detectadas durante la tramitación del concierto de vivienda supervisada para personas con discapacidad con Amadiba a la Fiscalía para que sea ésta la que determine si las mismas pueden ser constitutivas de delito y, por lo tanto, han de ser investigadas judicialmente o se trata de errores administrativos.
Errores administrativos en este concierto que, junto a otras tramitaciones problemáticas, han estado a punto de llevarse por delante la actividad de la asociación de madres y padres de discapacitados en Ibiza, a quien el Consell debe casi dos millones de euros, según su reclamación.
No hay fecha prevista todavía para trasladar este primer expediente al Ministerio Fiscal. Desde el gobierno insular explican que no han acabado todavía la fase de recopilar, procesar y ordenar la información relativa a la puesta en marcha de la vivienda supervisada para personas con discapacidad, ubicada en Sant Llorenç. «No será hoy, ni mañana», explicaron ayer desde el gabinete de Presidència.
Apoyo de todos
En cualquier caso, para llevar este asunto a la Fiscalía, el gobierno de Vicent Marí no está solo. Cuenta con el aval de Ciudadanos, su socio de gobierno, de los partidos de la oposición, PSOE y Unidas Podemos, y también de la consellera no adscrita, la exsocialista dimitida por el escándalo del mal uso de las tarjetas, Marta Díaz.
El equipo de gobierno llevó al Pleno del pasado día 25 de octubre una propuesta encaminada a enmendar los errores del primer concierto firmado entre el Consell y Amadiba el 13 de junio del presente año.
En ese momento, el gobierno de PSOE y Podemos estaba en funciones y con pie y medio fuera, puesto que el PP había ganado las elecciones y tenía todas las papeletas para firmar un acuerdo con Ciudadanos. El importe del concierto asciende a 380.928,60 euros.
A pesar de haber empezado la tramitación meses atrás y de contar con varias advertencias del secretario y del interventor, el departamento de Benestar Social, en manos de Lydia Jurado, de Podemos, dejó el concierto firmado.
Lamentablemente para los intereses de la asociación, dicha firma no sirvió de nada porque las irregularidades advertidas y no subsanadas por los juristas de la casa impidieron al Consell, ya en manos del PP, pagar factura alguna.
No fue hasta la aprobación en el Pleno del 25 de octubre del punto Propuesta que formula la Presidencia del Consell Insular al Pleno respecto de la omisión de la fiscalización de la adjudicación del primer concierto social del servicio de vivienda supervisada para personas con discapacidad cuando se han empezado a pagar las facturas.
Tras el trámite, Amadiba ya ha cobrado más de 100.000 euros que se adeudaban por los servicios prestados, lo que ha supuesto un alivio para su maltrecha tesorería y que los trabajadores pudieran cobrar solo parte de la nómina de octubre y con retraso.
Según la gerente de la asociación, Jane King, los trabajadores de Amadiba solo han cobrado el 40% del salario de octubre.
La segunda consecuencia de reconducir la tramitación es que a partir de ahora la entidad cobrará con regularidad por los servicios prestados en dicha vivienda.
«Cobraremos lo que vayamos facturando de dicho concierto en tiempo y forma. Esto es lo normal, pero para nosotros es extraordinario porque hasta ahora no lo hemos tenido en los más de dos años que llevamos prestando los servicios», explica a este diario King.
Segundo concierto
En la misma sesión plenaria, también se presentó por urgencia e in voce otra modificación de un segundo concierto aún no adjudicado y al que también opta Amadiba.
Ambas modificaciones salieron adelante por unanimidad y sin prácticamente debate en el pleno.
El primero de los dos puntos del acuerdo aprobado hace referencia al trámite necesario para poder pagar a Amadiba y que consistió en «convalidar la omisión de la función interventora», algo que el Departamento de Carolina Escandell, actual consellera de Benestar Social, logró gracias a un informe de la jefa de servicio del departamento, datado el día 26 de septiembre, según la exposición de motivos de la propuesta de acuerdo.
El segundo punto acuerda «dar traslado de las actuaciones al Ministerio Público (Fiscalía), vistas las manifestaciones que constan en el expediente».
«En referencia a las manifestaciones contenidas en el expediente, a las cuales hace referencia la Intervención General de fecha 13 de enero de 2019, es necesario decir que, por un elemental sentido de la responsabilidad y de transparencia en la gestión pública, no ha de existir objeción en dar traslado al Ministerio Público con el objetivo de que analice las actuaciones que se han llevado a cabo», reza el acuerdo.
El informe de Intervención es un documento clave en este asunto, ya que da pie, en parte, a otro informe demoledor del secretario de la Corporación (ver información adjunta).
Ambos informes están trufados de advertencias y reservas ante las, a juicio de los dos profesionales, irregularidades detectadas. Esas reservas no fueron ni tan siquiera contestadas o aclaradas.
«Si se tramitan las cosas sin tener en cuenta las advertencias de irregularidades o incluso sin los informes de Intervención, luego las facturas no se pueden pagar y las entidades del tercer sector lo padecen», señaló en el pleno Mariano Juan, vicepresidente y portavoz.
El interventor del Consell advirtió al entonces equipo presidido por el socialista Vicent Torres, el 24 de mayo de 2019, es decir, antes de formalizar el primer concierto, que las «observaciones» del Secretario General del Consell Insular d’Eivissa del informe del 13 de febrero no han sido «resueltas por el departamento gestor», es decir, por Benestar Social, lo que impide a su juicio fiscalizar el expediente. Por este motivo, reclama que sean resueltas dichas observaciones.
A pesar de ello, el equipo de Vicent Torres y de Lydia Jurado firmó el concierto el 13 junio.
El PP se cura en salud
El Partido Popular no tenía necesidad alguna de tramitar la modificación del convenio a través de acuerdo plenario. Ni tampoco requería del apoyo de la oposición para poner en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas.
Justifica ambas decisiones en que el gobierno que firmó el concierto sin resolver las irregularidades estaba en funciones y que «se quiere contar con el parecer del pleno del Consell» sobre el traslado del expediente al Ministerio Fiscal.
6 comentarios
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Recordemos que Amadiba está asesorada por la que fue secretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).
A a todo esto, donde estaba Gloria Santiago? La Consellera de Transparencia? Haciendo vídeos chorra por internet?
Llevarán también a Fiscalía a los funcionarios que no hicieron su trabajo, responsables de que los conciertos no avancen ? Y a los usuarios de Amadiba por tener el "mal gusto" de necesitar unos servicios que la administración debería prestar?
Una administración pública, muy eficiente para unas cosas y para otras tan inoperante... En esa "casa" como se menciona, existen dinosaurios que son los que llevan la batuta de lo que debería ser de todos... Y cuando no hay voluntad o simplemente por animadversión hacia alguien o algo se revientan los expedientes. Ha sido así y será así siempre... Es la Españita que tenemos.
Comienzan a salir los chanchullos y dedazos. A ver qué progre paga de su bolsillo.
Empieza la fiesta!! Lo peor es que al final algo que es de interés general y necesario, lo hundirán. Las subidas de sueldos son tan legales, se las suben a discreción. Sin más.