La gerente de Amadiba, Jane King, en las instalaciones de Periódico de Ibiza. | DANIEL ESPINOSA

El impago de los servicios que presta la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Balears (Amadiba) para el Consell d’Eivissa ha provocado su aparición continua en prensa durante los últimos meses. Su gerente, Jane King, considera inaudita la situación que viven las entidades sociales en Ibiza durante los últimos años. Unas organizaciones que ofrecen unos servicios que conforme a la legalidad debería prestar la administración pública.

¿Hasta dónde llega el problema de financiación de los servicios de atención a personas con discapacidad en Ibiza?
— Con diferente dimensión afecta a todas las entidades de la isla. A nosotros se nos debe mucho dinero, pero a una entidad que funciona con 300.000 euros, que se le deban 50.000 le supone un gran problema. A partir de 2016 todas las entidades empezaron a hacer una serie de gastos porque para poder concertar se tienen que cumplir toda una serie de requisitos. Son auditorías económicas, de calidad, de igualdad, prevención de riesgos… una serie de cosas que las entidades no tenían y empezaron a hacer para poder concertar. Luego han contratado personal y han puesto en marcha unos servicios para poder concertarlos. Han incurrido en déficit y eso ha provocado que algunas entidades hayan tenido que despedir gente. Normal. Si no fuera por el apoyo de la junta directiva nosotros tendríamos que haber cerrado hace un año.

—¿A falta de conciertos como se financian?
—Se están financiando de forma precaria con subvenciones que son insuficientes, que se piden a año vencido y llegan al cabo de un año. Son dos años en los que se tiene que mantener el gasto. Un centro pequeño no se sostiene. A mí me ha llegado a decir una funcionaria que haga paellas solidarias. Eso es como si yo te digo que tienes que hacer una paella para pagar la educación de tus hijos. Nuestra plantilla la forman profesionales, no voluntarios, que atienden cada tarde o cada mañana a los usuarios. No es un proyecto de una excursión para irse a Port Aventura. La subvención está bien para eso, pero para el día a día no es suficiente.

Ustedes cuando llegaron a Ibiza solicitaron esa concertación desde el principio, ¿por qué?
—Hablamos de derechos. Esa es la clave. Yo cuando llegué aquí venía con la idea de que la Administración no tendría dinero, pero lo que me ha pasado aquí de que hubiera voluntad, dinero y que no saliera adelante no lo había visto nunca. Cuando me reuní con el presidente del Consell (Vicent Torres), me preguntó: «¿Estamos hablando de derechos?». Yo le dije que sí y me contestó que ya no había más que hablar. Hágase. Y tenía toda la razón. Si estoy incumpliendo pues actúo para cumplir. Otra cosa es que no hubiera demanda.

Póngame un ejemplo de concertación bien hecha.
—Mallorca. Para mí Mallorca es el ejemplo y en los últimos años el Govern. En el actual Govern se encarga de este tema Fina Santiago, de Més, ellos han empezado a concertar muchas cosas: atención temprana, tercera edad… yo siempre pongo de ejemplo a mi madre, que tiene una plaza concertada de tercera edad porque el Govern la ha concertado con la privada. Como no tiene suficientes plazas públicas lo hace de la misma manera que los colegios.

Entonces, ¿debería concertarse del mismo modo que la educación?
—Exactamente igual. El Govern tiene competencias en materia de educación. Yo soy el competente, así que yo tengo que dar educación a los niños de 6 a 16 años. Como no llego con mis recursos concierto, pues es lo mismo. Yo tengo que dar unos servicios residenciales de atención ocupacional, atención de día… no los puedo dar porque no tengo suficiente capacidad, así que los concierto. Para mí los ejemplos más cercanos de buenas prácticas son el Consell de Mallorca, que lleva haciéndolo desde el año 2.000; y el Govern desde la anterior legislatura empezó a concertar servicios. En el último año se han concertado salud mental, inclusión… aquí vamos en sentido contrario.

¿Qué ventajas tiene el concierto?
—Los niños tienen que estar escolarizados, ¿verdad? No establecer un sistema de conciertos e ir a concurso público significa que el año que viene tú no sabes ni dónde vas a vivir ni quienes van a ser tus compañeros. No sabes quién va a ganar el concurso. Pues eso es lo que pasa en discapacidad. Si no se concierta directamente, llevas estos servicios a concurso público a que la gane el mejor postor y quizá lo ganan en Mallorca y te ves obligado a que una parte de las personas tengan que ir allí. Nosotros tenemos contratos en Mallorca, que hemos ganado porque somos solventes y tenemos experiencia. No nos importaría presentarnos a un concurso, pero las personas no.

¿Existe conciencia en la Administración de que se trata de un servicio que se debería dar del mismo modo que la educación o la sanidad?
—Creo que ahora sí. Pero piensa que hemos empezado a hablar de esto no hace mucho. Llegamos pidiendo derechos y como somos tan pesados hemos conseguido que nazca esta conciencia. En las nuevas instituciones de la isla desde luego, nosotros íbamos a los actos de los partidos a recordar la importancia de cubrir estos derechos de la persona. Un centro de día no puede depender de una subvención. Si a lo mejor te cuesta 800.000 euros no puedes pretender cubrir ese servicio con una subvención de 40.000, que es lo que pasa. El 80 % del gasto es personal y luego los suministros, traslados… y como son servicios que debe ofrecer la Administración no existe el copago. Las familias pagan el comedor y el transporte, igual que en un colegio concertado. La legalidad te permite tener a tus hijos en un colegio concertado o en un centro de día concertado totalmente gratis, pero la gente no lo sabe.

¿Cuál es la situación actual en Ibiza para las personas con discapacidad y sus familias?
—Aquí la sociedad está despertando, pero es un proceso lento. Aquí vamos teniendo demandas pero no había la tradición de que tu hijo, una vez que terminaba el colegio y dejaba el aula UEECO, pasara a un centro de día. Te lo quedabas en casa. Podía hacer alguna actividad, pero no entraba dentro de estos servicios. Hay una fase posterior a la escuela para las personas dependientes que la Administración tiene la obligación de ofrecer. En educación especial los chavales están hasta los 18 y a partir de ahí pueden estar en un centro de día. Eso es gratuito, pero la gente no lo sabe.

¿No es un poco contradictorio buscar la inclusión de las personas con necesidades especiales y tenerlas en estos centros?
—Nosotros siempre somos partidarios de la mayor normalización e inclusión posible. Lo que pasa es que hay situaciones en las que esto no se puede hacer. Cuando ves que una persona está en el colegio todo el tiempo fuera del aula, porque tiene un comportamiento que dificulta dar la clase o que se le envía al aula de ordenadores para pasar el rato, esa persona no se beneficia de la clase. Eso no significa que tú aísles a la persona, aunque hay mucho debate en este tema. No escondes a alguien en un centro de día y lo tienes apartado. Estas cosas que se ven en Alguien voló sobre el nido del cuco ya pasaron a la historia, un manicomio en medio de la nada. Ahora, en un colegio de educación especial o un centro de día, se hace una vida comunitaria. En el centro de día no tenemos patio y un padre un día se quejaba de eso, yo le preguntaba, «pero tú cuando tienes tiempo libre, ¿te vas al patio? Porque creo que ya somos mayorcitos para ir al patio». Cuando tengo tiempo libre me voy a un bar a tomarme un café, que es lo que hacemos con nuestros chicos. Ir a la piscina, a las pistas del polideportivo, de compras o a tomar un refresco a un bar. La gente se piensa que un centro de día es un gueto y esto no es así.

¿Las aulas UEECO están bien diseñadas?
—No. No puedes tener en un aula UEECO a niños pequeños con mayores, a un chaval de 18 años con niños de 12. Es un modelo antiguo, pero a los papás les tranquiliza porque están pensando en la normalización. Hoy en día están mezcladas edades y patologías. Pero tú no puedes tener a un niño con respirador y a un niño autista con problemas de conducta en la misma aula.

Aquí en Ibiza se empezó a trabajar en una Cartera de Servicios que parece que el nuevo ejecutivo del Consell d’Eivissa quiere modificar, ¿usted cree que era una chapuza, como dicen desde el actual ejecutivo?
—La legislación te obliga a que las administraciones con esas competencias elaboren esa cartera. El Govern crea una cartera general. De ahí cada administración con competencias saca su propia cartera de servicios. Lo que ha pasado es que las administraciones locales van más a remolque. A raíz de nuestra insistencia y de otras asociaciones se aprobó de forma inicial. Allí se recogieron los servicios que ya se estaban dando. Se unió discapacidad con menores, algo que a mí me parece un error. Nosotros en discapacidad reflejamos lo que estábamos haciendo y en menores metieron otras tantas cosas. Tú no puedes hacer una cartera de servicios que diga que no ofreces centro de día si la cartera general de servicios te obliga a darlo. El despliegue de las carteras insulares las tienen que hacer los consells. Aquí se hizo...de aquella manera. Presentaron alegaciones, la retiraron, la volvieron a presentar… Nosotros, Amadiba, en la materia en la que trabajamos no nos haría falta porque estamos amparados por la cartera general de Balears.

Pero ¿qué aportaría su creación?
—Estaría todo más centrado en la isla. Pero realmente no es algo imprescindible. Que se tomen su tiempo y que lo hagan bien. Yo se lo dije al presidente (Vicent Marí), que se hiciera con todos los informes y de forma adecuada. Yo creo que el problema de la cartera es que no estaba justificada económicamente. Lo ideal es elaborar un informe económico en el que valores lo que te va a costar cada cartera. Porque además es necesario hacer un cálculo a largo plazo porque los servicios luego se tienen que desplegar y van creciendo.

¿Cuántas personas con necesidades especiales hay en la isla?
—No son muchas. Al menos si lo comparamos con lo que hay en Mallorca. Pero aquí no ha aflorado el tema. Muchos están en sus casas, son hijos mayores cuyas madres no trabajan y se quedan con sus hijos. Se vive como una carga, es lo que me ha tocado. Hasta que la gente se ponga el chip y diga oye, mi hijo ha acabado el cole y ahora le toca un centro de día o un centro ocupacional. Eso nos va a costar. Entre todos estaríamos hablando de en torno a 200 personas. Pero por lo que te digo, aquí es imposible sacar datos.