El pleno del Consell d’Eivissa aprobó ayer en su última sesión plenaria del año sus presupuestos para el año 2020, que asciende a 89,4 millones de euros, un 17,15 % menos que el año anterior y con una bajada en el capítulo de inversiones del 76,7 %. Unas cuentas a las que votaron en contra todos los grupos de la oposición al considerar que supone paralizar proyectos aprobados en la anterior legislatura y que hace una previsión de ingresos victimista con el objetivo de «hacer oposición» al Govern balear.
La consellera de Hacienda, María Fajarnés, destacó en su exposición que se trata de un presupuesto «realista y ejecutable» que pone «especial atención en los colectivos sociales vulnerables, la calidad de los servicios públicos, la promoción social y económica de la isla, la colaboración con los ayuntamientos y la defensa de lo nuestro».
En su exposición, criticó la herencia recibida del anterior equipo de gobierno «por todos los compromisos asumidos» para hacer inversiones fuera de su competencia que han obligado a «elaborar un presupuesto de contingencia». Reiteró la voluntad ya manifestada por el presidente del Consell, Vicent Marí, de renegociar los compromisos de colaboración en aquellos proyectos que no sean competencia de la institución.
Críticas de la oposición
A Bibiana de Sans, portavoz del Grupo Unidas Podemos (UP), le parece que el ejecutivo insular juega al trile cuando anuncia que no se podrán ejecutar determinados compromisos para «dar un titular» y que «luego los incluyan en los anexos». «No es serio que digan que no tienen dinero para determinados proyectos y luego aparezcan esos proyectos presupuestados y también de dónde vendrán los ingresos. Quieren engañar a los ciudadanos».
Consideró esa «maniobra» como una evidencia de la voluntad de «utilizar el Consell d’Eivissa como centro de operaciones de la maquinaria del PP contra el Govern».
Tildó el documento de «antisocial» y lamentó que se «metan en un cajón» proyectos como las 120 Viviendas de Portección Oficial (VPO) junto a la Policía Nacional, la Escola d’Idiomes, la Escola d’Arts o el nuevo circuito de motocrós, proyectos programados por el ejecutivo que integraban UP y PSOE.
Por parte del PSOE, Vicent Torres mostró su «decepción» por unos presupuestos que denotan «falta de proyecto para la isla» y consideró que se está haciendo un uso partidista de la institución. «Ustedes quieren utilizar esta institución como punta de lanza del PP de Balears contra el Govern de las Illes Balears», acusó. Algo que indicó que se hacía «hundiendo» un presupuesto en el que no se han incluido ingresos como los fondos estatutarios o los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), de forma que se muestra un «Consell Insular irreal» para «hacerse la víctima».
La consellera no adscrita, Marta Díaz, hizo un quiebro particular durante el pleno. En su primera intervención felicitó al Consell por su voluntad de «exigir al Govern y al Estado que paguen lo que les corresponde». Anunció su abstención e indicó que «si consiguen que el Govern balear pague los proyectos» les felicitará. Sin embargo, su voto pasó a ser en contra en la segunda intervención, tras recibir críticas a su gestión por parte de la consellera de Hacienda, que acusó de opacidad al anterior ejecutivo, «que no publicó los gastos de la señora Díaz [...] que hacía y deshacía a su antojo en esta casa y nadie hacía nada».
Compromisos adquiridos
Fajarnés insistió en su réplica en las críticas al anterior ejecutivo del Consell hasta quedarse sin tiempo para responder a las preguntas planteadas. «Ustedes asumieron en la anterior legislatura convenios y compromisos en proyectos que excedían su competencia» y «comprometían gravemente su salud financiera».
Defendió que el presupuesto presentado es «real y ejecutable», algo que hizo notar que faltó en anteriores ejercicios, en los que «subió el presupuesto y bajó la ejecución». Respecto a las críticas a la gestión, indicó que en la anterior legislatura «el departamento de Bienestar Social estaba sumido en el caos con las asociaciones sin cobrar subvenciones desde 2017». En este aspecto, señaló que la partida de Benestar Social era la más alta de la historia de la institución.
El conseller Javier Torres aprovechó su turno como Grupo Mixto para defender también el presupuesto y señaló que «si se hubiesen incluido todos los compromisos adquiridos, se habría generado un déficit de 10 millones de euros».
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