El presidente del Consell, Vicent Marí, junto a la consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago. | DANIEL ESPINOSA

El Consell d’Eivissa quiere que la gestión de las residencias para mayores de Can Blai, Can Raspalls y Sa Serra se haga desde Ibiza. El Govern se muestra de acuerdo. Ahora, falta determinar cómo y con qué presupuesto contará el Consell para hacerse cargo de estos servicios. Un tema que se tratará en una mesa de negociación entre ambas instituciones que iniciará su andadura en el mes de marzo.

Así lo acordaron ayer el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí y la consellera de Benestar Social, Carolina Escandell, con la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, en una reunión que mantuvieron para abordar este asunto.

Para agilizar la gestión de las competencias de residencias para mayores, el Consell constituirá un Instituto de Benestar Social, en cuya creación se trabajará de forma paralela a las negociaciones de la mesa.

El objetivo de los futuros encuentros entre Govern y Consell es poner sobre la mesa toda la información necesaria para que el Consell se haga cargo de esta competencia «en unas condiciones presupuestarias adecuadas», subrayó Marí. El presidente del Consell aseguró que la voluntad de la institución es que «los usuarios y los trabajadores vean una mejora en el servicio» y que por tanto «Ibiza no aceptará una competencia infradotada».

Recordó que todos los partidos de la isla ya habían planteado la necesidad de que la gestión de estos centros se hiciera desde Ibiza y valoró como «un paso importante» empezar a dar pasos en esta dirección.

Santiago agradeció la «implicación» del Consell para trabajar conjuntamente en el traspaso de esta competencia y recordó que este tema «ya se había planteado en la anterior legislatura».

La gestión de las residencias ya es de carácter insular tanto en Mallorca como en Menorca.
En cuanto a la lista de espera para acceder a una plaza en las residencias de Ibiza, la consellera de Asuntos Sociales informó de que actualmente asciende a 142 personas. Todas estas personas «están valoradas como dependientes y su programa de atención individual considera que el mejor recurso es una residencia», explicó Santiago.

Quiso matizar que a pesar de no tener plaza en las residencias, estas personas «están en el circuito de dependencia por lo que reciben una ayuda económica o reciben asistencia en un centro de día».

Dotación presupuestaria

Respecto a la dotación presupuestaria, la consellera estimó que la gestión de las tres residencias ibicencas le cuesta actualmente al Govern 13 millones de euros, por lo que el punto de partida de la negociación será esa dotación «euro por euro».

Marí apuntó que «esa es la estimación económica que ha hecho el Govern», pero que antes de llegar a una cifra definitiva el Consell deberá analizar qué cantidad necesita para gestionar desde Ibiza las tres residencias.

Entre los aspectos que el presidente del Consell señaló que deberán tenerse en cuenta está la creación del Instituto de Benestar Social, los «gastos directos e indirectos» que supondrá el servicio y cuáles son las necesidades de futuro.

La consellera valoró que se trata de aspectos que se tendrán que negociar en un proceso en el que no solo intervendrá el personal de servicios sociales, sino también los técnicos de Economía y Hacienda encargados de elaborar el presupuesto autonómico.

Menores

Por otra parte, la consellera de Benestar Social, Carolina Escandell, aprovechó el encuentro para recordar a Santiago la necesidad de que el Govern balear haga de interlocutor ante el Estado para negociar una financiación extra que ayude a paliar la llegada de menores extranjeros al centro de menores de Pare Morey.

«Se trata de una situación sobrevenida que nos obliga a actuar con diligencia, a pesar del déficit de personal que tiene el centro. Solo en una semana han ingresado 11 menores de estas características y consideramos que el Govern y el Estado no pueden ignorar esta circunstancia».

Además, Fina Santiago matizó, frente a las preguntas de los periodistas, sus declaraciones ante la Diputación permanente del Parlament respecto a los casos de explotación sexual de menores detectados en Mallorca (ampliado en página 18). Señaló que la Fiscalía había actuado en esos casos en las tres primeras fases del procedimiento, pero no en la última de seguimiento e insistió en que no considera necesaria ni justificada ninguna dimisión en el Govern o sus órganos dependientes por este caso.