Vila emitió un informe sobre los costes de la capitalidad sin concretarlos

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Reunión del Consell de Capitalitat.

Reunión del Consell de Capitalitat.

Toni Planells

El Ayuntamiento de Vila entregó un informe que debía detallar los costes que le supone a Ibiza ejercer como capital de la isla, sin concretar la mayoría de los importes que le supone tener esta función.

El informe elaborado por encargo del Ayuntamiento enumera los diferentes gastos que implica el ofrecer una serie de servicios, ubicados en la ciudad, a los residentes del resto de la isla sin que hasta ahora se le diera una contraprestación.

Tramitación a la baja
Esta fue una de las principales motivaciones de la aprobación el 13 de abril de la Ley de Capitalidad; el dotar a Ibiza de unos ingresos extra a las arcas municipales para relajar la carga que le supone ofrecer esta serie de servicios a los forasteros que frecuentan la ciudad por unos u otros motivos.

El estudio cifró el ejercicio de la capitalidad en siete millones de euros más un cuatro por ciento de la inversión de la CAIB en infraestructuras. En el debate parlamentario de la ley, el PP presentó una enmienda para que se mantuviera esta cantidad, alegando la existencia de un estudio de hace una década que avalaba dicha tesis.

Sin embargo, con la aprobación de la ley, la cantidad que se le concedió finalmente fue de cinco millones de euros, a repartir en un 70 por ciento (3,5) entre la Comunidad Autónoma y un 30 por ciento (1,5) para el Consell d’Eivissa.

Según establece la ley, el Consell de Capitalitat, órgano formado por Ayuntamiento, Consell d’Eivissa y Govern, tiene, entre otras funciones, que «determinar los sectores de interés concurrente entre las administraciones que afectan a las funciones que corresponden a la ciudad de Ibiza como capital».

Además, también es de su competencia «el estudio y la valoración de los costes que comporta la condición de capital de Ibiza y, si procede, la fijación de los instrumentos de compensación precisos, así como la determinación de los objetivos a los cuales se tiene que destinar la inversión».

Cuantificar con poco número
La legislación da un plazo de cinco meses desde la constitución de dicho Consell para «contar con un estudio y una valoración completa que determinen con precisión la cuantificación de los costes económicos y sociales, para cuantificar la inversión anual […] y la determinación de los objetivos a los cuales se ha de destinar esta inversión».

El primer Consell de Capitalitat se celebró en noviembre, por lo que si se siguieran los plazos marcados, abril sería el mes límite para la evaluación de dichos costes. Sin embargo, en la nota de prensa que se remitió tras la celebración de la primera reunión del ente «se acordó que se pedirá un nuevo informe que actualice el coste que supone para la ciudad de Ibiza ser la capital de la isla, al final de la legislatura».

El motivo por el que se adoptó es que el estudio en que se basa la actual compensación económica acordada por el Parlament (los cinco millones mencionados) es «muy reciente y que, por tanto, no hace falta actualizarlo de inmediato».

No obstante, en el citado estudio se hace un «inventario de los costes de la capitalidad de Ibiza». Se habla de los costes de la congestión del tránsito urbano, del transporte público, de la seguridad o de la limpieza, entre muchos otros.

Sin embargo, a dicho estudio habría que ponerle un pero y es que en la mayoría de los casos, no se especifican las cantidades que esto supone para las arcas municipales.

Únicamente, en el capítulo de las prestaciones sociales, educativas y culturales a los no residentes se mencionan los 600.000 euros destinados al Patronato Municipal de Música, 405.000 euros a la Biblioteca Municipal o 250.000 euros para el Centre Cultural Can Ventosa.

Más adelante se habla del suelo cedido a otras administraciones para la construcción de edificios que presten servicios como juzgados o la comisaría de Policía. En este caso se pone el ejemplo del terreno sobre el que se edificó el Hospital de Can Misses, cuya valoración es de 10 millones de euros.

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Pmari
Hace 8 meses

Los FORASTEROS que frecuentamos la ciudad si que tenemos un sobrecoste. Deberían instalar el Consell en San Carlos, la ATIB en la Cala de San Vicente i el INE en Curona. Así cuando los señoritos de Vila tengan que desplazarse para realizar cualquier gestión les podremos decir que son una carga y pintaremos las aceras (o las socas de garrovers en su defecto) de varios colores para que previo pago tengan que aparcar donde a nosotros nos venga bien.

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