Reuniones y visitas. El convenio entre el Estado y el Ayuntamiento de Vila para la construcción de las VPO de Can Escandell fue firmado en 2010 y posteriormente renovado. El Govern se comprometió en septiembre de 2019 a buscar una «solución legal» para su puesta en marcha.

Los trabajos para construir las 532 viviendas de protección oficial (VPO) previstas en la zona de Can Escandell podrían tener una alternativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila, cuya aprobación bloqueaba su puesta en marcha. El proyecto está previsto en una zona calificada como urbanizable no programada y por tanto pendiente de ordenar. Sin embargo, el Govern se ha sacado un as de la manga para buscar un atajo.

El recurso se llama Plan Especial de Vivienda. Se trata de una de las herramientas previstas por el Decreto de Vivienda que el Govern está pendiente de aprobar, que permitirá ordenar el suelo mediante una tramitación más ágil que la elaboración de un PGOU o una modificación puntual del mismo.

Desde el Ayuntamiento informaron que seguían en el proceso de recopilación de informes para recibir el visto bueno de Recursos Hídricos para la aprobación del nuevo PGOU. El documento cambia la calificación de la zona de Can Escandell en la que están proyectadas las VPO a urbanizable y su aprobación permitiría que el Ministerio de Fomento iniciara el proyecto.

«Conocemos la situación del Plan General de Eivissa. Su aprobación permitiría sacar adelante la promoción de VPO de Can Escandell y lo que hacemos con estas medidas es establecer una medida alternativa, de modo que si hay algún problema en la tramitación nosotros tendremos desde el Govern margen para hacerlo con este plan especial de vivienda», explicó el director general de Vivienda, Eduard Robsy.

Un mecanismo que quiso puntualizar que «no es una medida específica para Can Escandell, pero sí se ha redactado teniendo en cuenta sus particularidades y la de otros suelos en circunstancias similares identificados en Balears».

El Plan Especial de Vivienda deja expresamente fuera el suelo rústico para la construcción de promociones públicas de VPO.

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Cabe recordar que el proyecto de construcción de 532 VPO del Ministerio de Fomento cuenta ya con un presupuesto asignado de siete millones de euros y que está previsto que se destinen 367 viviendas a alquiler social.

Agilidad administrativa
El Decreto del Govern incluirá también otras medidas para agilizar la tramitación en los departamentos de Urbanismo de los ayuntamientos.

El director general de Vivienda explicó que habrá una medida específica para agilizar los trámites de concesión de licencias al Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), «dado que la construcción de vivienda pública se ha retrasado mucho por las licencias municipales».
Otra medida concreta, que afectará a todas las licencias de obra, será la posibilidad de que los colegios de arquitectos y aparejadores puedan colaborar en la redacción de informes para la concesión de licencias. Serán los ayuntamientos y los colegios los que elaboren los convenios que determinen como funciona este mecanismo.

Robsy valora que se trata de una «vía interesante», que puede aligerar la carga de trabajo a los departamentos de Urbanismo, dado que los ayuntamientos tienen en muchos casos «imposibilidad para contratar nuevo personal por la Ley Montoro».

Una tarea en la que se deberán implicar los colegios profesionales, dando garantías de que «tendrá el personal formado, con conocimientos y disponibilidad para poder sacarlo adelante».

El paquete de 25 acciones extraordinarias de vivienda, incluye también una revisión del Decreto de Habitabilidad, en el que se estudiarán alternativas para agilizar la tramitación de las cédulas de habitabilidad de vivienda nueva. Un cambio que Robsy descartó que pase por la eliminación de este documento que desde el Govern se considera que es «una garantía que es necesario mantener».