El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, con la concejala de Urbanismo, Elena López, en el pleno de ayer. | DANIEL ESPINOSA

Garajes que pasan a tener salón, baño y cocina sin salida de humos o bajos comerciales que nunca llegan a funcionar como tales y transforman sus escaparates en un muro y una puerta. La picaresca para aprovechar cualquier techo y convertirlo en una vivienda que alquilar –normalmente a un precio desorbitado– ha llevado al servicio de disciplina urbanística a intervenir contra 31 locales en el municipio de Eivissa desde 2013.

En concreto, la concejala de Urbanismo, Elena López, dio cuenta en el pleno del listado detallado de estas infraviviendas, que por barrios son: 12 en Ses Figueretes y Es Viver, cuatro en Platja dén Bossa, 10 en el barrio de Can Escandell, tres en Cas Serres y dos en el Eixample. Todas ellas se encuentran en procedimiento judicial, precintadas o en proceso de restitución.

López informó de que todas las infracciones que se resuelven con orden de restitución o legalización que van unidas al inicio de un procedimiento sancionador. Frente a estos casos, la Ley de Urbanismo de las Illes Balears prevé multas coercitivas, se solicita al juzgado acceso a estos locales y existe la posibilidad para el Ayuntamiento de inscribir este hecho en el registro de la propiedad. También se puede notificar a las compañías suministradoras de energía y agua para que puedan suspender el suministro.

Los datos respondieron a una moción de control planteada por el Grupo Popular por este tema. La concejala Estefanía Guasch, dudó de la efectividad de estas medidas e insistió en que se trata de situaciones que proliferan en los barrios de la periferia de Vila.

Manifestó su preocupación ante una situación que, unida a la falta de vivienda, lleva a muchos ciudadanos a acudir a alquilar de estos espacios. «Deberíamos asegurarnos de que todos los ciudadanos dispusieran de espacios dignos para ser habitados con un mínimo de salubridad».

La concejala de Urbanismo le echó en cara que el PP tenga un discurso «casi de izquierdas» cuando está en la oposición y que cuando está en el gobierno no ponga en práctica todas esas políticas de buena voluntad en materia de vivienda, exclusión social o trabajo.

Además, quiso recordar a todos los ciudadanos la importancia de denunciar si tienen la sospecha de estos casos.

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Por otro lado, en respuesta a una moción de control del PP, la concejala de Bienestar Social, dio cuenta de los datos con los que cuenta el Ayuntamiento de personas en situación de exclusión social que no disponen de vivienda. Si bien quiso recalcar que se trata de un número que fluctúa a lo largo del tiempo, indicó que el departamento de Bienestar Social tiene conocimiento de que entre 17 y 20 personas duermen en las calles de Vila y otras 60 lo hacen en coches o en edificios ruinosos. Un número que aumenta cuando llegan los meses de buen tiempo.

Por otra parte, recordó que recientemente se licitó el nuevo Servicio de Acogida Municipal, que se pondrá en marcha en mayo y que contará con tres personas más. Además, enumeró otras medidas emprendidas por el Ayuntamiento, como la subida de un 8 % y un 10 % a las subvenciones de Cáritas y Cruz Roja respectivamente o la licitación del proyecto de Es Gorg que ejecutará en colaboración con el Consell d’Eivissa.

Aprovechó su intervención para criticar la moción de control del PP, que valoró que no era por sensibilidad social, sino para comprobar si se cumplían las ordenanzas de orden público.

«¿Usted se cree que este grupo no tiene sensibilidad social por un tema tan importante como la mendicidad? Este grupo, entre otras cosas, cuando gobierna crea empleo, que es uno de los acicates principales contra un problema como este», le respondio por parte del PP Ignacio García.

Criticó que la respuesta no hubiera dado cuenta de acciones concretas para paliar las situaciones de mendicidad y valoró que la política del equipo de gobierno en materia de Bienestar Social era ir «a salto de mata» y sin una línea clara de acción.

EL APUNTE

La nueva relación de puestos de trabajo en un cajón

El Grupo Popular criticó ayer la política de personal del gobierno municipal en la que no se ha procedido a cubrir la relación de puestos de trabajo, que José Vicente Marí Bosó indicó que asciende a 112 personas «de las que hay activas 88». También criticó la alta tasa de personal temporal, que supone el 24 % de la plantilla. La concejala de Economía y Hacienda, Estefanía Torres, defendió que el déficit de personal es consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la reducción de la tasa de reposición a un 10 % entre 2011 y 2015. Recordó que el Consistorio tenía una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) pendiente de implementar. Torres explicó que el departamento de Recursos Humano «tiene demasiada carga de trabajo y no tiene personal suficiente como para ponerlo en marcha».